Diego Herchhoren (mpr21).— Las protestas en el astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz) por la existencia de listas negras de trabajadores por su historial sindical ha vuelto a poner sobre el tapete el papel de los servicios de inteligencia en la represión sindical.
España mantiene de manera discreta toda una batería de normativas e informadores que filtran el acceso a determinadas instalaciones, informaciones o tecnologías consideradas «estratégicas». Este sistema de controles de acceso, conocido como Habilitación Personal de Seguridad (HPS), es un documento expedido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de su Oficina Nacional de Seguridad (ONS).
Acceso vetado «por seguridad nacional»
Esta habilitación es la carta blanca del Estado para vetar el acceso de sindicalistas o personas non gratas a aquellas áreas que son consideradas como reservadas, evitando la entrada de «intrusos». Entre estos sectores, los astilleros que trabajan para la industria militar constituyen un caso paradigmático.
La HPS es una autorización oficial que acredita que una persona ha superado una rigurosa investigación de fiabilidad. Se investiga desde su lugar de residencia, amistades, parejas, ideología o militancia sindical. Su propósito fundamental es restringir el acceso a aquellos astilleros comprometidos con la industria de guerra española.
Esta investigación, regulada por la Ley 11/2002 del CNI, y por el Real Decreto 704/2011, sobre protección de infraestructuras críticas, se extiende a aspectos personales, patrimoniales, familiares y de conducta del solicitante durante un período mínimo de cinco años.
Un filtro de plantillas díscolas
Más allá de un simple trámite administrativo, la HPS constituye un filtro esencial para la actividad sindical y política en los lugares de trabajo. Su obtención no es un derecho automático, sino una concesión condicionada a un expediente impoluto en materia de docilidad. La denegación o revocación de esta habilitación, de hecho, puede ser causa de despido.
El Real Decreto 704/2011 establece que los llamados «operadores críticos» deben tener mecanismos de espionaje sobre las plantillas que eviten cualquier disidencia interna. Por ejemplo, las secciones sindicales de CCOO y UGT en Navantia están previamente autorizadas por los servicios de información.
La necesidad de la HPS en la industria de guerra española encuentra su mejor exponente en Navantia, la empresa estatal que agrupa los principales astilleros de la defensa (Ferrol, Cartagena, San Fernando, etc.), máxime ahora que el Estado está realizando toda una reorganización presupuestaria para la industria militar.
Esta empresa participa en la construcción de submarinos de la clase S-80, las fragatas F-110 o los Buques de Proyección Estratégica (BPE). Todos estos proyectos implican el manejo de información clasificada, a menudo en colaboración con otras marinas o empresas extranjeras bajo acuerdos de confidencialidad (por ejemplo, con la OTAN o con Lockheed Martin).
La propia empresa ha hecho explícito este requisito en sus políticas de contratación. En los últimos años, Navantia ha incluido cláusulas en sus nuevos convenios colectivos y contratos individuales que condicionan la ocupación de ciertos puestos a la obtención y mantenimiento de la HPS, que han sido rigurosamente aceptados por las dos grandes centrales sindicales. El incumplimiento de esta condición, bien por denegación inicial o por revocación posterior, ha sido considerado por el Tribunal Supremo como causa justa de extinción del contrato, al imposibilitar al trabajador desempeñar funciones esenciales.
El papel higiénico llegará a ser infraestructura crítica
Un hito especialmente ilustrativo fue el anuncio, en junio de 2023, de la creación de una «zona de alto secreto» en el astillero de Ferrol, con una inversión millonaria en medidas de seguridad física y lógica.
En dicho anuncio, Navantia declaró explícitamente que para acceder a esa zona se «requeriría la habilitación personal de seguridad nacional (HPS)» . Esta decisión no solo confirma la vinculación entre esta empresa y los servicios de información, sino que materializa físicamente el perímetro de seguridad: solo aquellas personas que hayan superado la investigación del CNI pueden traspasar esa puerta.
Por otro lado, las empresas del sector —no solo Navantia, sino también sus subcontratas— deben cumplir con un doble filtro. Por una parte, necesitan que su personal cuente con la HPS individual. Por otra, deben obtener ellas mismas la Habilitación de Seguridad de Empresa (HSEM), que certifica el acceso ilimitado del CNI a sus procesos internos, instalaciones de almacenamiento, a sus protocolos y las propias vidas de sus plantillas.
La lista de «zonas críticas» se extiende cada vez a más sectores: administración pública, empresas de alimentación, hospitales, banca o universidades están también afectadas, ya que forman parte del llamado Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Esta ley identifica 12 sectores estratégicos cuyo funcionamiento es vital para el país y que, por tanto, requieren medidas de seguridad reforzadas. La traducción de esto es que hay trabajos en los que alguien con perfil combativo o con militancia política no entrará nunca.
Listas negras y el antecedente franquista
El caso de las listas negras en los astilleros de San Fernando de Cádiz surgió en marzo de 2026. Un delegado sindical halló, dentro de una oficina de seguridad industrial del astillero, varias tarjetas manuscritas con las frases «listas negras Navantia» y «listas negras CNI». Este descubrimiento, en una zona de acceso restringido, puso en evidencia el uso extraoficial del sistema de habilitaciones.
El carácter confidencial de la investigación del CNI (cuyos motivos nunca se revelan al afectado) y la potestad de Navantia para exigir la HPS como requisito ineludible configuran un sistema que actúa como mecanismo de despido con justa causa y veto no recurrible, que en definitiva es la definición misma de «lista negra».
El franquismo usaba un sistema de depuración ideológica explícita, a menudo ligado a procedimientos judiciales públicos. Hoy, el mecanismo es una habilitación administrativa previa, cuya denegación, por razones de «confianza» que no se revelan al afectado, provoca la misma exclusión laboral pero con una opacidad que la hace más difícil de impugnar.
Pero lo cierto es que los casos de despido por revocación o no concesión de la HPS no están vinculados nunca a cuestiones de «seguridad nacional», sino al grado de combatividad de las plantillas. Si esta estrategia tiene éxito, el Estado terminará declarando como «actividad crítica» hasta la limpieza de los retretes.
