No quieren que la clase trabajadora gobierne
Nunca me he considerado un político. Participé una vez como cabeza de lista en unas elecciones municipales porque creo profundamente que la clase trabajadora no puede limitarse a elegir cada cuatro años quién va a administrar sus problemas. Si queremos transformar la sociedad, los trabajadores y las trabajadoras tenemos que dejar de ser espectadores y convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia.
Aquella experiencia me confirmó algo que ya intuía: el sistema está diseñado para que la clase trabajadora no gobierne.
Nos dicen que vivimos en una democracia donde cualquiera puede presentarse a unas elecciones. Formalmente es cierto. Materialmente, no.
Porque un trabajador por cuenta ajena tiene que cumplir con su jornada laboral, asistir a plenos, estudiar expedientes, acudir a comisiones, atender a los vecinos, seguir cuidando de su familia y encontrar tiempo donde ya no existe. Muchas veces, además, soportando presiones de la empresa o el temor a perder el empleo por ejercer una responsabilidad pública.
Mientras tanto, otros sectores disponen de mayores facilidades para compatibilizar esa labor institucional con su vida profesional.
¿Es casualidad?
Yo no lo creo.
Las leyes pueden decir que todos somos iguales ante las urnas, pero la realidad demuestra que no todos partimos de las mismas condiciones para representar a la ciudadanía. Y cuando la igualdad solo existe sobre el papel, deja de ser igualdad para convertirse en propaganda.
El resultado salta a la vista.
Las instituciones se llenan de profesionales de la política que hace años dejaron de conocer la vida cotidiana de un trabajador. Personas que legislan sobre salarios sin depender de una nómina, que hablan de conciliación mientras otros enlazan jornadas interminables y que pontifican sobre pobreza desde la comodidad de un despacho.
Muchos hace tiempo que olvidaron lo que significa llegar con angustia a fin de mes, depender de un convenio colectivo o temer un despido.
Y eso se nota.
Existe un clasismo evidente. El económico, que todos conocemos. Pero también uno intelectual, todavía más peligroso, que considera que la clase trabajadora no está preparada para gobernar.
La derecha siempre ha defendido que deben mandar las élites económicas.
La ultraderecha añade a ese discurso el autoritarismo y el nacionalismo excluyente.
Pero una parte de la izquierda tampoco está libre de culpa. Hay quienes hablan constantemente en nombre del pueblo mientras impiden que el propio pueblo tome la palabra. Practican una versión moderna del despotismo ilustrado: todo para los trabajadores, pero sin los trabajadores.
Nos quieren para llenar mítines.
Nos quieren para pegar carteles.
Nos quieren para repartir propaganda.
Nos quieren para votar.
Pero cuando un cajero de supermercado, una limpiadora, un albañil, una dependienta, un conductor o un operario pretende ocupar un escaño o un asiento en un pleno municipal, empiezan las incomodidades. Entonces aparecen quienes insinúan que faltan preparación, experiencia o conocimientos.
Curiosamente, nunca parecen cuestionar la preparación de quienes llevan décadas viviendo exclusivamente de la política.
La realidad es mucho más sencilla.
No quieren que la clase trabajadora tenga voz propia.
Prefieren hablar por nosotros antes que escucharnos.
Porque un trabajador organizado resulta mucho más difícil de manipular que un trabajador resignado.
Sin embargo, somos nosotros quienes levantamos este país cada mañana. Somos quienes hacemos funcionar los hospitales, las fábricas, los supermercados, el transporte, la construcción, la industria, los servicios públicos y privados. Somos quienes generamos la riqueza que otros administran.
Somos la inmensa mayoría social.
Y, paradójicamente, somos una minoría en las instituciones.
Eso no es una casualidad. Es una consecuencia lógica de un sistema político que facilita la participación de quienes ya disponen de tiempo, recursos, estabilidad o redes de poder, mientras convierte la participación política de la clase trabajadora en una auténtica carrera de obstáculos.
Una democracia donde la mayoría social apenas puede aspirar a votar cada cuatro años es una democracia profundamente limitada.
Porque la democracia no consiste únicamente en introducir una papeleta en una urna. La democracia exige que cualquier trabajador pueda representar a sus vecinos sin jugarse el salario, el empleo o la estabilidad de su familia.
Hasta que eso no ocurra, seguiremos viviendo en una democracia donde el pueblo elige, pero rara vez gobierna.
Y quizá esa sea la mayor contradicción de nuestro sistema: quienes sostienen el país con su trabajo apenas tienen posibilidades reales de decidir cómo se gobierna.
André Abeledo Fernández
