Muchas leyes y poca justicia: la judicatura clasista del Régimen del 78.
Por André Abeledo Fernández
Vivimos en un Estado que se empeña en vender una falsa apariencia de neutralidad democrática, pero la realidad golpea diariamente a la clase trabajadora. Nos repiten como un mantra que «la justicia es igual para todos», mientras asistimos al grotesco espectáculo de cómo los tribunales se han convertido en la trinchera perfecta de los poderes fácticos, los chiringuitos de la extrema derecha y los grandes oligarcas. En el Estado español actual, la cruda realidad es que tenemos muchas leyes, pero sufrimos una escandalosa falta de justicia.
El problema no es coyuntural, es estructural. El aparato judicial español arrastra una herencia directa, sin filtros ni rupturas, de la dictadura. El llamado «Régimen del 78» nació de un pacto de silencio donde los franquistas impusieron sus condiciones y blindaron las altas esferas del poder, asegurándose de que la judicatura quedase tomada, generación tras generación, por sus propios herederos. El Tribunal Supremo y los principales órganos judiciales son el reflejo más nítido de este neofranquismo institucional y del españolismo más rancio.
Acceder a la carrera judicial en España no es un proceso democrático ni equitativo. Es un camino largo, restrictivo y sumamente costoso que queda fuera del alcance de los hijos e hijas de los trabajadores. Los «hijos de papá», aquellos que disfrutan de los privilegios económicos para opositar durante años sin la presión de subsistir, son quienes terminan poblando los tribunales. El resultado es una judicatura eminentemente clasista y reaccionaria, desconectada por completo de las necesidades del pueblo y aliada por naturaleza con el capital.
Por esta razón, organizaciones ultra reaccionarias como Manos Limpias o Hazte Oír utilizan con total impunidad los tribunales para hacer política a través de «sus jueces». Emplean la maquinaria del Estado para perseguir la disidencia, tumbar avances sociales y blindar la impunidad de los corruptos, mientras la clase obrera es castigada con todo el peso de un código penal diseñado para el control social.
La justicia real no puede desgajarse de la justicia social. No existe la una sin la otra. Mientras el sistema priorice los beneficios empresariales y mantenga un entramado de jueces dispuestos a aplicar las leyes de forma reaccionaria, los derechos de la mayoría social seguirán secuestrados. Es hora de dejarse de medias tintas: si el pueblo trabajador aspira a una sociedad verdaderamente justa, democrática y libre de abusos, se hace indispensable e inaplazable la ruptura y superación definitiva del Régimen del 78.
André Abeledo Fernández
