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RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Muchos de los congresistas brasileños que hace exactamente un año votaron a favor de iniciar el juicio político contra la entonces presidenta Dilma Rousseff por supuestos casos de corrupción, están citados en el caso Odebrecht, sospechosos de haber incurrido en un delito similar.

“Estamos legitimados por el pueblo brasileño a decir basta a tanto robo por todas partes”, exclamó en aquella votación el diputado Onyzx Lorenzoni.

Ahora este congresista está acusado de recibir 175.000 reales (casi 56.000 dólares) de Odebrecht en forma de soborno, según relató a los investigadores de la Operación Lava Jato el exdirector de Relaciones Institucionales de la compañía, Alexandrino Alencar.

La votación que propició hace un año el inicio del proceso de destitución de la líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) se saldó con 367 votos a favor y 137 en contra.

En la lista de los que serán investigados por el caso Odebrecht por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil están 36 diputados que estuvieron en aquella sesión histórica, de los cuales 21 votaron a favor de apartar a Rousseff, 13 en contra y 2 se abstuvieron.

Aquella votación crucial para la vida política del país debía valorar si el Gobierno de Rousseff cometió presuntas irregularidades fiscales para maquillar las cuentas públicas y esconder el déficit fiscal.

Sin embargo, la mayoría de los diputados hablaron en sus discursos de acabar con la corrupción, dar esperanza al país y crear un escenario de estabilidad, entre otros argumentos, pero hubo pocas referencias al punto que en principio sostenía la destitución de la mandataria.

Incluso muchos de los legisladores dedicaron su voto a sus esposas, hijos y nietos, así como a sus estados natales; otros fueron más allá, como el diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro (Partido Social Cristiano), quien dedicó su voto al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, un conocido torturador durante la dictadura militar, que tendría entre sus víctimas a la propia Rousseff.

La actual situación suscitó diversas reacciones en la opinión pública, llevando a muchos brasileños a compartir en sus redes sociales fotos de estos mismos legisladores cuando participaban en las marchas contra la corrupción y a favor del “impeachment” que se realizó el año pasado.

El senador oficialista Romero Jucá, uno de los hombres de confianza del presidente Michel Temer es uno de ellos.

Jucá ya se vio obligado a dimitir de su cargo de ministro de Planeamiento poco tiempo después de tomar posesión, luego que saliera a luz una conversación privada en la que decía que había que echar a Rousseff para poder frenar la operación Lava Jato.

Mientras tanto, se paseaba junto a miles de manifestantes y pancartas anticorrupción, igual que su colega Aécio Neves, principal aliado del actual Gobierno.

Neves participó en varias de esas manifestaciones y en una de ellas incluso se subió a un camión de sonido y proclamó: “¡Brasil despertó! ¡Basta de corrupción! ¡Mi partido es Brasil!”, según recordaba recientemente el diario O Globo.

Jucá y Neves son, precisamente los que tienen abiertas más causas en el STF: cinco cada uno, por sobornos, financiación ilegal de campaña y favores indebidos a empresas.

Los dos forman parte del grupo de los 61 senadores que votaron a favor de apartar a Rousseff cuando la votación definitiva llegó al Senado el 31 de agosto de 2016.

De todos ellos, casi la mitad (27) aparecen citados en el caso Odebrecht por los exejecutivos de la empresa.

Sin embargo, de entre todos los políticos que impulsaron la destitución de Rousseff destaca el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

Cunha fue quien llevó a votación una de las peticiones de “impeachment” que hasta entonces descansaban en un cajón; en opinión de la gran mayoría de analistas políticos fue el principal artífice de la caída de la mandataria suspendida, usando su poder de influencia entre diputados de diversos partidos.

Ahora Cunha está encarcelado en una prisión de Curitiba (sur), acusado de delitos de corrupción activa, pasiva, blanqueo de dinero y evasión de divisas, y por el momento deberá cumplir una condena de 15 años y cuatro meses, según determinó el juez de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro.

El caso Odebrecht es un desdoblamiento del caso que investiga la semiestatal Petrobras.

La semana pasada el STF reveló la lista de políticos que serán investigados, que incluye a 8 ministros, 39 diputados, 24 senadores y 3 gobernadores que pertenecen a prácticamente todos los partidos, lo que causó un terremoto en la vida política del país.

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