Proceso de Paz en Colombia y consolidación de intereses de EEUU

Las causas del conflicto armado en Colombia siguen vigentes, las negociaciones sin duda han favorecido un sector muy selectivo de los excombatientes de las FARC-EP mientras se consolida el poder económico de la derecha colombiana.

Por otro lado, el sector de clase media y baja al igual que el sector rural siguen padeciendo las problemáticas sociales, políticas y económicas. Simbólicamente el proceso de paz es un acto positivo reforzado por la mediatización pero que sin duda tiene poco impacto en el sector social.

En los Acuerdos de Paz, mientras se llevaba a cabo la Reforma Rural Integral en especial el punto de la “seguridad alimentaria y nutricional” se reportaron en la Guajira al finalizar el 2016 más de 88 menores muertos por desnutrición a causa de la falta de acceso a agua potable y seguridad alimentaria que debía ser suministrada por el gobierno nacional, también se reportaban aproximadamente más de 1200 menores con desnutrición, sin especificar otras zonas de Colombia. Los terratenientes ni el sector privado están dispuesta a ceder ni un centímetro para propiciar la producción alimentaria de forma equitativa y solidaria, sino, que, por el contrario, está permitiendo ampliar los márgenes de competencia de las empresas privadas y de producción agrícola que operan en Colombia.

Ha sido la tierra el problema inicial del conflicto armado colombiano que ha dejado más de 6.044.200 personas en condición de desplazamiento desde 1960 según el Consejo Noruego para Refugiados, estas cifras no solo se han alimentado del conflicto entre Gobierno y Guerrilla colombiana, sino por la incidencia de grupos criminales que operan en zonas rurales y urbanas que se sustentan de la extorción y el narcotráfico, son el hibrido del supuesto “extinguido” paramilitarismo.

La derecha comercial e industrial colombiana finalmente ha conseguido de manera pacífica desarmar a la izquierda revolucionaria representada en gran parte por las FARC-EP (Sin dejar de reconocer el sin número de crímenes cometidos por esta guerrilla), todo ello corresponde al plan estratégico, económico, político y militar de Washington ya que la guerra interna en Colombia es obsoleta para los intereses de la potencia norteamericana.

En el año de 1999 El Plan Colombia, uno de los principales acuerdos bilaterales entre Colombia y Estados Unidos se convirtió en un estipendio de Estados Unidos para con Colombia el cual se focalizó en “terminar” el conflicto armado colombiano y la erradicación del narcotráfico ambos conocidos como “Guerra contra las drogas” y la lucha “contra el terrorismo”, sin embargo, ni el conocido Plan Patriota ni la Seguridad Democrática 2003-2008 del expresidente Álvaro Uribe lograron reducir a la guerrilla colombiana pero sí permitió el mantenimiento de la impunidad a través del comercio de armas y la violencia desenfrenada, entre ellas los Falsos Positivos que según la Fiscalía de Colombia se gestiona en más de 2.308 solicitudes de investigación por homicidios cometidos por el Estado y un aproximado de 32.000 desaparecidos durante el gobierno de Uribe.

Lo que daría una estocada final a los intereses norteamericanos en territorio colombiano seria el acuerdo militar del año 2009 que permitió la instalación de 7 bases militares norteamericanas para “el fortalecimiento de la lucha contra las FARC”, bases que no solo eran estratégicas en la lucha contra la insurgencia, sino también, una vulneración a la seguridad nacional y del continente suramericano, una de las permisiones se hizo a la Base Militar de Palenquero que se constituye como puente aéreo para el ingreso de aviones militares al resto de Sudamérica, la justificación siempre será la lucha antinarcóticos y antiterrorista, cuando en realidad se focaliza en el control de la zona y de gobiernos vecinos.

Los planes estratégicos no terminan ahí ni para Estados Unidos ni para los terratenientes colombianos, el 6 de junio de 2013 el presidente Juan Manuel Santos (actual premio Nobel de “Paz”) firmó un acuerdo de cooperación con la OTAN como miembro no permanente y un acuerdo de intercambio de información para el mantenimiento de la seguridad en la región, el acuerdo fue confirmado en el 2016. Esto parecía el punto de entrada para el fortalecimiento internacional de las Fuerzas Militares Colombianas, pero en realidad, no es más que el portón de ingreso para que la potencia norteamericana desestabilice y mantenga bajo amenaza la región, en especial a Venezuela, por ser Colombia el principal punto de acceso terrestre al territorio vecino, la OTAN ya tiene una base más en Latinoamérica.

El proceso de Paz en Colombia no es más que el punto de cierre de un conflicto armado de 50 años en el que se libraron luchas por la reivindicación de derechos por la vía armada y que hoy se reducen a 300 páginas de un acuerdo que nadie garantiza concretar y la apertura a que los Estados Unidos disponga del Ejercito Nacional Colombiano, es allí donde Colombia asume un nuevo papel militar de servicio a los intereses de Washington, los más de 500.000 efectivos militares apuntan hoy a defender los intereses de Estados Unidos, según el general Alberto José Mejía en conversaciones con un medio local de Colombia mencionó que se está gestionando la primera participación del ejército colombiano para tierras Afganas para instrucción militar y control estratégico (El Colombiano, 2017).

Finalmente, Barack Obama, el mismo que impulso la instalación de bases militares en Colombia para combatir violentamente la insurgencia en el 2009, se pronuncia en septiembre de 2016 en su último discurso ante la ONU con base en la resolución 368 (donde el senado de los Estados Unidos apoya la paz en Colombia) del senado de los Estados Unidos “Hemos ayudado a Colombia a poner fin a la guerra más larga del hemisferio” manifestando su apoyo al proceso de Paz en Colombia, cuando apoyó en principio la liquidación definitiva del conflicto armado a través de la vía militar.

La situación militar de Colombia parece estar definida, cuando Juan Manuel Santos logró desmontar a la izquierda armada representada en su mayoría por las FARC, logró dar apertura a una amplia disposición del territorio nacional al neoliberalismo colombiano y sobre todo liquidar definitivamente a la oposición política poco mediatizada, según un periódico nacional hasta noviembre de 2016 asesinaron a 70 líderes de Derechos Humanos, se suman 279 amenazas y 28 atentados (El Espectador, 2016), ello debido al resurgimiento del Paramilitarismo en diferentes zonas de Colombia, principalmente en las zonas dejadas por las FARC durante el proceso de desmovilización, aquí quizás se está escribiendo una nueva historia de la violencia en Colombia, mientras que el orden público nacional expande la violencia al orden internacional de los Estados Unidos, esperemos que no sea el paramilitarismo quien asuma el dominio público de la seguridad nacional en Colombia.

Escrito por Andres Fernando Orozco Macias

Historiador y Magíster en Estudios Políticos

Coordinador de Egresados FCHE

Universidad Nacional de Colombia sede Medellín

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