MONTEVIDEO (Sputnik) — El cierre de 179 escuelas públicas anunciado por el Departamento de Educación de Puerto Rico para finales de este mes supone una precarización del sistema y abre la puerta a la privatización, dijo a Sputnik la representante de los maestros en ese país, Mercedes Martínez.
«Esta medida implicaría la destrucción de la educación pública, un mayor hacinamiento, que imposibilita una enseñanza individualizada, y una mayor deserción escolar porque hay zonas remotas donde no hay transporte para que los niños puedan llegar hasta el plantel (escuela) donde los quieren reubicar», señaló Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).
El pasado 5 de mayo la Secretaría de Educación anunció que cerraría 179 escuelas públicas con el objetivo de ahorrar unos 7,7 millones de dólares, ya que el país atraviesa una profunda crisis económica y fiscal con una deuda pública que asciende a 70.000 millones de dólares.
La medida del Gobierno, que según Martínez podría llevar a la privatización del sistema educativo, supone el traslado de cerca de 27.000 alumnos a otras escuelas a partir de agosto, cuando comienza el nuevo curso escolar, y afectaría a unos 2.700 maestros.
«Se supone que a finales de mayo las cerrarán y ubicarán a los alumnos en planteles adyacentes, (por eso) hay campamentos de resistencia de padres frente a las escuelas, que están protestando por esta decisión arbitraria y caprichosa exigiendo que la deuda no se pague a través de la educación y la precarización de los servicios», añadió.
Esas escuelas permanecen paradas desde el 8 de este mes y continuarán sin impartir clases hasta que el Gobierno y la Secretaría de Educación, que dirige Julia Keleher, den una respuesta, aclaró Martínez.
La representante de la FMPR, sindicato que integran alrededor de 4.000 maestros, confió en que estas protestas ayuden a revocar la decisión del Gobierno.
Recortes anteriores
Martínez también recordó que ya en la anterior administración del gobernador Alejandro García (2013-2017), se cerraron otras 180 escuelas públicas, por lo que el país caribeño pasó a tener un total de 1.292 centros con alrededor de 365.000 estudiantes.
En su opinión, la «mala administración» del presupuesto público que han llevado a cabo los diferentes gobiernos en los últimos 50 años ha generado una «deuda ilegítima de la que no es responsable la población».
«Pedimos que se audite la deuda para ver qué parte es ilegal y cuál corresponde pagar», agregó.
Martínez también criticó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un ente de control impuesto por EEUU para reestructurar la deuda pública del país caribeño, trate de pagar el endeudamiento «con recortes y medidas de austeridad draconianas contra el pueblo, precarizando los servicios para poder pagar a (fondos) buitres y bonistas».
«Lo quieren hacer eliminando presupuesto de las escuelas, de la universidad, del sistema de salud y destruyendo las pensiones de los jubilados», sostuvo.
Por su parte, el Gobierno de Puerto Rico asegura que el cierre de las escuelas se debe a que la población estudiantil se ha reducido notablemente en los últimos años debido a la migración hacia Estados Unidos.
Sin embargo, Martínez indicó que ya hubo una reducción notable de maestros.
«Ha habido una migración de puertorriqueños que se fueron hace unos años y también hubo una merma en las escuelas: en 2008 había unos 45.000 educadores y actualmente hay 30.000, (es decir) 15.000 educadores menos en plantilla», dijo.
Martínez sugirió que se realicen ajustes en otras áreas.
«Que recorten en asesores del Gobierno, que pongan impuestos a las compañías foráneas que ven en nuestro país un paraíso fiscal y que apenas tributan, porque la crisis no la han creado los trabajadores y no la debe pagar la población», concluyó.
Está previsto que la JSF funcione hasta que Puerto Rico, estado libre asociado de EEUU desde 1952, cumpla cuatro años seguidos sin déficit fiscal.
