Los escándalos de corrupción parecen no tener fin en España y el más reciente involucra al anterior Gobierno del PSOE.
Se trata de una trama de corrupción millonaria en la que están involucrados Miguel Sebastián, ministro de Industria del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y destacados líderes sindicalistas mineros de Asturias, según informa este domingo el diario español El Mundo.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el Ministerio de Industria “se concertó” con dirigentes mineros de Asturias a fin de otorgarles de forma irregular 31 millones de euros para la construcción de una residencia de ancianos en un terreno “no urbanizable y de interés agropecuario”.
Posteriormente, el histórico dirigente minero de la Unión General de Trabajadores (UGT), José Ángel Fernández Villa, y su mano derecha, José Antonio Postigo, desviaron “ingentes cantidades de dinero” a sus bolsillos, gracias a dicha subvención “sobredimensionada”.
La investigación que involucra a 16 personas, entre ellas las autoridades del anterior Gobierno y los líderes mineros, comenzó hace dos semanas, y de acuerdo con Anticorrupción, “el papel decisivo” en la trama para conseguir los fondos públicos y desviárselos lo desempeñó Villa, líder sindical de la minería asturiana durante los últimos 40 años, quien era también, en el pasado miembro de Ejecutiva Federal del PSOE.
Tal como indica la Fiscalía Anticorrupción, Villa utilizó a Postigo para “influir en la decisión de conceder a dicha mutualidad una subvención a cargo de los Fondos Mineros de casi 31 millones desde el Instituto para la Reestructuración de las Minerías del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), dependiente del Ministerio de Industria”, pese a que la normativa que regulaba entonces la adjudicación “no contemplaba dicha posibilidad”.
Conforme lo citado en el informe, esta millonaria subvención “fue el principal origen del incremento patrimonial ilícitamente obtenido” por Villa y Postigo. Ambos recurrieron a la amnistía fiscal para “legitimar” sus comisiones. El líder sindical minero se recurrió por parte de su asesor fiscal a una inexistente “herencia familiar” para justificar su origen.
Anticorrupción ha prometido investigar a todas las autoridades y los funcionarios públicos que estén involucrados en los delitos de blanqueo, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida y delito contra la Hacienda pública.
Los múltiples casos de corrupción en los que están involucrados además decenas de funcionarios del actual Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), llevan diariamente a los españoles a las calles, para exigir la renuncia de las autoridades corruptas.
