Anoche la Audiencia Nacional envió a la prisión sin fianza a Jordi Sànchez, presidente de la Assemblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultural, por convocar concentraciones de protesta contra los registros que empezó a practicar la policía antes del referéndum en dependencias públicas catalanas.
Por órdenes del gobierno, el fiscal Miguel Ángel Carballo pidió prisión incondicional para ambos y la jueza es Carmen Lamela, la misma que orquestó el Caso Altsasu, donde aún mantiene encerrados a los detenidos después de un año de comedia. En esta ocasión su proeza ha sido convertir el derecho de manifestación en un delito de “sedición”.
La resolución de la jueza es un verdadero mitin político que ya hemos escuchado muchas veces a los tertulianos de las radios más casposas. Es un verdadero ejercicio de ficción, en los hechos y en el derecho, donde tiene un lugar especial la consideración del referéndum de Catalunya como “ilegal”, un auténtico mantra de las últimas semanas.
Pero España es el país de las prohibiciones; casi todo es ilegal, incluso las drogas. Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido meter a nadie a la cárcel por promover su legalización, ni han invadido las calles para capturar por las esquinas cada uno de los gramos de cocaína.
Tras la transición, España y sus funcionarios son verdaderos malabaristas en el arte de las argucias y las falacias, tanto políticas como judiciales que son capaces de convertir lo negro en blanco, y al revés si es necesario.
A la Audiencia Nacional no le ha importado justificar un encarcelamiento preventivo porque las concentraciones no eran pacíficas, en una época presidida por los móviles, los vídeos y las redes sociales, donde cualquiera puede ver justamente lo contrario.
En los tiempos medievales la sedición, un delito de raigambre militar, conducía al “diezmo”. Cuando se producía un levantamiento popular (sedición) y la tropa llegaba al cabo de un tiempo al lugar en el que se había cometido tamaño crimen, no recurría a ningún juez. Seleccionaba a uno de cada diez lugareños, los ponía ante la tapia del cementerio y los fusilaba.
A nadie le importaba que los malhadados no hubieran participado en la “sedición”; se trataba de dar un escarmiento a eso que la Audiencia Nacional llama “la masa”. Es el fundamento de la represión política, que siempre necesita un “cabeza de turco” al que rebanarle el pescuezo, tanto en sentido literal como figurado.
La ley marcial que han impuesto en Catalunya es premonitoria de una profunda crisis del Estado fascista, un punto sin retorno posible hacia la agonía.
