Ayer los obreros de la construcción de Panamá decidieron en asamblea rechazar el arbitraje propuesto por el gobierno para poner fin a la huelga que mantienen desde hace más de un mes. Más de 50.000 obreros tienen paralizadas 290 obras, incluida la construcción de la segunda línea del Metro de la capital.
Es la huelga más larga en la historia sindical en lo que va de este siglo. Comenzó el pasado 18 de abril por la limitación del salario semanal a 50 dólares y la patronal les ha ofrecido un incremento de un tres por ciento. Los trabajadores exigen un nueve por ciento.
Ayer y hasta el sábado el sindicato convocante, Suntracs (Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares), empezó a distribuir el fondo de huelga a los trabajadores.
El secretario general de Suntracs, Saúl Méndez, aseveró que la huelga se mantendrá hasta obtener una respuesta óptima a sus solicitudes, y hasta firmar el convenio colectiv de 2018 a 2021.
Los capitalistas “no se pueden meter 30.000 millones de dólares en el bolsillo y llegar a una mesa [de negociación] con la propuesta de aumento de cuatro y cinco centavos”, afirmó el dirigente sindical.
Méndez pidió a los trabajadores “unidad, firmeza y disciplina” mientras siga la huelga y la negociación. Dos miembros del Suntracs ya han sido expulsados por intentos de romper la unidad de la protesta.
El sector de la construcción es uno de los motores de economía panameña y en 2016 acaparó el 14,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, uno de los más dinámicos de la región con una expansión económica del 5,4 por ciento en 2017.
En un artículo publicado en el diario “La Estrella”, el economista William Hughes aseguró que el 85 por ciento de la riqueza producida por el sector de la construcción va a los empresarios, mientras el salario de los obreros apenas les alcanza para cubrir sus necesidades.
Ante la decisión de los obreros de continuar la huelga, el presidente panameño Juan Carlos Varela, que se encuentra en Gran Bretaña, amenazó por Twitter señalando que la huelga afecta a la seguridad nacional, que era insostenible y que si no se llegaba a un acuerdo el gobierno tomará medidas. “Le tocará al Gobierno implementar mecanismos para solucionar esta situación que no solo afecta a las familias que dependen de esta economía sino a la seguridad nacional” afirmó Varela.
