Por mandato de la Corte Suprema de Colombia, la Defensoría del Pueblo deberá evaluar la situación en la Guajira cada seis meses.
La Corte Constitucional de Colombia calificó este jueves la situación de los niños en La Guajira colombiana como vulnerable, ya que no se da cumplimento a los derechos fundamentales de los menores, como el acceso a la atención médica, educación y alimentación.
La Corte afirmó que de acuerdo a la inspección realizada, la situación de los niños de la etnia Wayúu es crítica al tiempo que responsabilizó al Gobierno colombiano de no garantizar la seguridad e integridad de los niños, ni de atender la situación de la Guajira.
“Existe un incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios (…) de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios”, apuntó el fallo emitido por la La Sala Séptima de Revisión de la Corte Suprema.
Asimismo, el máximo Tribunal ordenó dar cumplimiento y seguimiento cada seis meses a la situación de los derechos itrínsecos de los niños wuayuu, debido a que no existe ningún documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establezca el amparo de los menores.
«No existe ningún documento que recoja de forma sistemática todos los Compromisos Institucionales para Garantizar los derechos de los niños wayuu«, agrega.
De la misma manera ratificó su apoyo al decreto emitido por el Tribunal Superior del Municipio de Riohacha (en La Guajira) en marzo, que exigió a las autoridades gubernamentales restablecer el agua potable en la zona.
«No es suficiente que las comunidades tengan a su disposición pozos o jagüeyes, si el agua que se obtiene de ellos no es apta para el consumo humano», concluye el texto.
El índice de desnutrición crónica en La Guajira actualmente alcanza el 27.98 por ciento, ya que el 40 por ciento de la población no tiene acceso a los alimentos y el 55 por ciento de los habitantes viven en condiciones de pobreza extrema, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Gobierno de Colombia por medio de un mandato legal solventar la crisis.
