El viernes 31 de agosto empezará, por la radio y la televisión, la propaganda política para las elecciones del 7 de octubre en Brasil. Al contrario de las ocasiones anteriores, ésta será una campaña corta: 35 días, en lugar de los 45 en previos comicios.

Pero lo que realmente importa, lo que abre una inmensa expectativa en los brasileños es saber si el favorito absoluto, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, estará en la planilla original de su partido, el PT (Partido de los Trabajadores). Él está legalmente inscrito como candidato a presidente, acompañado del exalcalde de São Paulo y ex ministro de Educación en su gobierno, Fernando Haddad, como postulante a la vicepresidencia.

Por lo tanto, tiene el derecho, asegurado por ley, para aparecer en la televisión y ser oído en la radio.

Ocurre que Lula está, desde abril, en una celda de la Policía Federal, en Curitiba, condenado en un juicio arbitrario, sin comprobar delito alguno, lo que se ofrecerá como pruebas.

¿Qué pasará? ¿Se cumplirá la ley y se respetarán sus derechos? ¿Permitirán que los videos grabados antes de su prisión sean mostrados?

Tan pronto se confirmó el registro de Lula como candidato, llegaron al Tribunal Superior Electoral 16 pedidos de impugnación. Fue concedido un plazo -el jueves 30 de agosto, víspera del comienzo de la propaganda electoral- para que la defensa de Lula se manifieste.

De no ser que el juez en cuestión decida en menos de 24 horas, no habrá cómo impedir que él aparezca. Y, con eso, amplíe aún más su capacidad de transferir votos a Fernando Haddad, en caso de que fuera posteriormente impedido de ser candidato con base en algún artificio legal.

Los últimos sondeos divulgados dejan claro con toda claridad que muy posiblemente Lula sería electo en la primera vuelta, y si no lo lograse aplastaría a todos los adversarios en una eventual segunda.

La determinación de estirar la soga hasta el último límite tuvo el efecto de transformarlo en protagonista central y determinante del proceso electoral. Todo gira a su alrededor.

El resultado de tanta indefinición hace de las elecciones de este año las más convulsionadas desde el retorno de la democracia, en 1985, luego de 21 años de una dictadura militar ampliamente apoyada por los dueños del capital y los representantes de intereses extranjeros en Brasil. Los mismos, a propósito, que apoyaron el golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff en abril de 2016 y culminó con la prisión arbitraria de Lula da Silva dos años después.

El candidato de la derecha, el ex gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, permanece estacionado en los sondeos electorales con alrededor de 5 por ciento de las declaraciones de intención de voto.

Frente a semejante cuadro, el dólar trepó vertiginosamente, alcanzando la marca de los 4.50 reales en las casas de cambio. De inmediato surgieron comentarios irónicos, diciendo que en poco tiempo la moneda estadounidense superará a Alckmin.

El candidato de la extrema-derecha, el capitán reformado del ejército y diputado Jair Bolsonaro, es el segundo en los sondeos, con 19 por ciento contra 39 por ciento ostentado por Lula da Silva. Frente al probable fracaso de Alckmin, él viene conquistando adeptos entre los dueños del capital, pese a su discurso homofóbico, racista, misógino e increíblemente plagado de estupideces de elevadísimo calibre, además de desconectado de cualquier racionalidad.

La solución está en manos de los magistrados, tanto del Tribunal Superior Electoral, como, en última instancia, de la Corte Suprema.

Por las señales emitidas hasta ahora, se seguirá atropellando la Constitución y las más elementales reglas del derecho.

Lula fue condenado por un juez de provincia y absurdamente parcial, y la sentencia fue ampliada por la instancia superior, cuyo presidente no tuvo problema alguno en elogiar la sentencia inicial antes siquiera de haberla recibido formalmente y, claro, sin haberla leído.

Los grandes medios de comunicación siguen con su determinación original de incriminar a Lula, ignorando los sondeos. Los magistrados, a su vez, siguen ignorando centenares de manifestaciones de juristas de todo el mundo (para no mencionar a brasileños) en defensa del ex presidente.

La hegemónica TV Globo decidió no permitir la aparición, en sus noticieros, de Lula y Haddad, en una más que flagrante violación de cualquier ley electoral.

Resta ver si la determinación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, indicando que Lula tiene pleno derecho de participar de la campaña, también será atropellada por los magistrados brasileños. Teórica y legalmente, Brasil está obligado a cumplirla.

A menos que ocurra una sorpresa, la determinación será ignorada: es que contra Lula no hay límites para las arbitrariedades y abusos.

Hoy por hoy, todo indica que en la segunda vuelta se enfrentarán la extrema-derecha de Bolsonaro, y el heredero de Lula.

Es decir: los autores y principales protagonistas del golpe institucional estarán fuera: habrán destrozado el país en vano.

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