Francisco Arias Fernández.— A principios de octubre comenzó a circular en la prensa estadounidense la noticia de que cientos de niños migrantes habían sido trasladados silenciosamente a un campamento de Texas. Los menores, que se alojaban en refugios desde Kansas hasta Nueva York, fueron despertados a mitad de la noche y subidos a autobuses con mochilas y refrigerios para un viaje a través de Estados Unidos a su nuevo hogar: una árida ciudad de carpas en un sitio desértico en expansión en el sur de Texas.
The New York Times reveló entonces que estos «viajes a medianoche se desarrollan en todo Estados Unidos, mientras al gobierno federal se le dificulta encontrar espacio para más de 13 000 niños migrantes detenidos –la población más grande de todos los tiempos–, una cantidad que se ha multiplicado por cinco desde el año pasado». Hasta el 2 de octubre sumaban 13 280, de acuerdo con datos federales.
Personas de esos centros de reclusión para menores, que hablaron con la condición de mantener el anonimato debido al temor de ser despedidos, describieron al citado diario estadounidense que se ha convertido en una práctica estándar para trasladar a los niños hacerlo de madrugada: «Para evitar intentos de escape, los movimientos son llevados a cabo a altas horas de la noche porque es probable que los niños tengan la intención de huir. Por la misma razón, a los niños en general se les avisa con menor anticipación que serán movidos».
El destino final de los viajes es el campamento que opera el gobierno federal en la estación fronteriza de Tornillo, casi 56 kilómetros al sureste de El Paso, en la frontera con México, el cual se construyó en junio como un hogar temporal para cientos de niños migrantes. Cuatro meses más tarde se ha expandido velozmente y su tamaño casi se ha cuatriplicado.
No te pierdas ninguna entrada. En junio se informó una capacidad inicial de 360 adolescentes para estancias de 30 días, pero los funcionarios federales lo han expandido rápidamente desde entonces y ahora tiene cabida para un total de 3 800 recluidos.
El 15 de octubre estaban detenidos allí cerca de 1 500 niños sin documentos de entre 13 y 17 años, viviendo en las carpas. La mayoría procedía de refugios tradicionales que desbordaban de gente. Casi el 80 % eran varones. La duración promedio de las estancias era de 25 días, pero se ha convertido en un problema que muchas de las personas que se presentaron a interesarse por la custodia de los muchachos tienen que pasar por exámenes y toma de huellas dactilares, en los cuales han resultado también apresados por estar registrados como ilegales, lo que ha complejizado aún más los trámites y prolongado la estancia, a partir de que los posibles tutores se han desmotivado por temor a ser deportados, dado el endurecimiento de la política migratoria de Trump.
El campamento es muy similar a las bases militares estadounidenses que se utilizan para concentrar a inmigrantes ilegales. Se señala que la instalación cercada da la impresión de algo permanente, es un operativo a gran escala en el área de una estación fronteriza, en una región aislada, lejos de la autopista Interestatal 10. A la distancia solo se ven líneas eléctricas, torres de telefonía celular y montañas. Un lugar desde donde difícilmente se puede escapar y al cual se puede llevar de manera expedita a otros niños recién llegados por la frontera mexicana.
Se afirma que existen alrededor de cien centros como este en todo EE. UU. y se incrementa la preocupación entre los defensores de derechos humanos por los largos periodos que pasan los menores bajo la custodia de autoridades federales, aislados de sus familiares. El tiempo promedio que los niños migrantes han permanecido en esas instalaciones casi se ha duplicado desde el año pasado, de 34 a 59 días, de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Periodistas que tuvieron acceso a las carpas donde mantienen retenidos a los menores reportaron las similitudes con los cuarteles del ejército y la cantidad de efectivos que destinan para custodiarlos, así como los nombres utilizados para identificar áreas de detención: Alpha, Echo…, como si se tratara de unidades especiales. Sin embargo, como parte del enmascaramiento, los agentes federales no usan la frase «campamento» para describir el centro. Además, a las carpas les dicen «instalaciones blandas» o «estructuras semipermanentes».
Al describir un día en el Tornillo, un reportero señaló: «Este viernes era difícil saber quiénes superaban en número a quiénes en el refugio, si el personal o los niños. Entre los 1 500 miembros del personal se encontraban trabajadores sociales, peluqueros, personal médico, consejeros de salud mental y bomberos. El viernes estaban en todas partes portando sus chalecos amarillos al estilo de los trabajadores de emergencias, con escobas en mano y revisando camiones de bomberos. Cuando un grupo de niños se dirigió hacia los baños, los trabajadores los escoltaron».
Se trata de un lugar sumamente vigilado y alambrado, con cámaras de seguridad y «un equipo de expertos en emergencias» con sofisticados equipos de radioteléfonos al servicio del comandante del «campamento». Según se plantea, todos son «veteranos del huracán Harvey, el bombardeo en la ciudad de Oklahoma y otros desastres en todo el país y el extranjero».
El campamento ha estado abierto durante 120 días, mucho más tiempo que refugios similares durante gobiernos anteriores. Sus dimensiones, longevidad, su costo y el enfoque militar del campamento en la detención de niños y adolescentes que escapan de la pobreza y la violencia, ha sido blanco de ataques por parte de activistas de los derechos humanos, defensores de los inmigrantes,
legisladores demócratas y otros sectores de la sociedad estadounidense que cuestionan la política racista de la actual administración.
El tema no solo ha sido blanco de críticas internas en EE. UU., de denuncias de organismos defensores de derechos humanos de los inmigrantes, sino motivo de conflictos con varios países latinoamericanos, a los que incluso se les amenaza constantemente con cortarles ayudas, cerrarles fronteras con muros, obligarlos a pagar sumas millonarias u otras sanciones político-diplomáticas, económicas, comerciales y financieras.
Pero como suele suceder últimamente con bastante frecuencia, ha trascendido a la prensa un nuevo incidente entre los asesores de Trump. ¿El motivo? Por cuestiones de desacuerdo en temas de inmigración, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y el asesor de seguridad nacional, John Bolton, discutieron el pasado jueves a gritos en el Ala Oeste de la Casa Blanca, intercambiaron varios insultos y «la disputa fue tan fuerte que algunos pensaron que uno de los dos dimitiría».
El escándalo requirió un comunicado de la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders: «Aunque resolver el problema de la inmigración ilegal es un tema que nos apasiona, no estamos enfadados los unos con los otros».
Según la televisora CNN, Trump se puso del lado de Bolton en la discusión, algo que aumentó los rumores en la Casa Blanca sobre una posible dimisión de Kelly.
Verdades y mentiras siguen chocando, incluso dentro de las paredes de la morada del Presidente y la dura realidad de quienes padecen sus políticas están a miles de kilómetros de distancia, ya sea en el Tornillo o en las casas de los civiles asesinados por los bombardeos estadounidenses en Siria. Noticias que coinciden en el tiempo, el sufrimiento y la condena del planeta del siglo XXI.
LA ÚLTIMA ESCALADA ANTINMIGRANTE DE TRUMP
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado que pretende revocar la ciudadanía por nacimiento.
En entrevista exclusiva con el programa Axios, de HBO, el mandatario reveló que planea firmar una orden ejecutiva que eliminará el derecho a la ciudadanía estadounidense para los bebés nacidos en Estados Unidos si sus padres no son ciudadanos o son inmigrantes ilegales.
Se trata de la última escalada en la retórica antimigratoria de esta administración, justo antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, que determinarán el control del Congreso.
Antes, la Casa Blanca anunció el lunes que enviaría alrededor de 5 200 soldados a la frontera sur con México para evitar el ingreso al territorio estadounidense de la caravana de migrantes centroamericanos.
La Decimocuarta Enmienda a la Constitución estadounidense reza: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen».
Algunos medios señalan que no está claro si el Presidente tiene el poder de revocar la ciudadanía por nacimiento porque se puede tratar de un cambio de la Constitución.
«Siempre me dijeron que necesitaba una enmienda constitucional. ¿Adivinen qué? No», subrayó Trump, declarando que puede hacerlo por orden ejecutiva.
