Íñigo Gurruchaga

Una juez católica, Siobhan Keegan, abrió este lunes en Belfast la investigación judicial sobre la muerte de diez civiles en Ballymurphy por disparos del Ejército británico, hace 47 años. Si la magistrada decide que las víctimas murieron por acciones ilegales, el veredicto podría llevar al procesamiento de exmilitares.

La investigación durará unos seis meses y convocará a decenas de testigos. Los hechos ocurrieron a lo largo de tres días, coincidiendo con la “Operación Demetrius”, que desde las 4 de la madrugada del 9 de agosto consistió en el despliegue de policías apoyados por soldados para encarcelar sin juicio previo a 342 sospechosos de pertenecer al IRA, que había iniciado un año antes su campaña de violencia contra las fuerzas de seguridad y contra protestantes.

Al extenderse en los vecindarios católicos la noticia de la redada, se levantaron barricadas y se produjeron graves disturbios. Hubo explosiones de bombas, disparos y enfrentamientos callejeros. También en Ballymurphy, un distrito del oeste de Belfast, bastión de los republicanos irlandeses, afectado por el desorden desde agosto de 1969.

Soldados del Regimiento Paracaidista apostados en diferentes puntos del barrio habrían matado entre otros a un joven de 19 años, Francis Quinn, cuando asistía a un herido; al sacerdorte Hugh Mullan, de 38, que acudió al mismo lugar con un pañuelo blanco tras advertir a las autoridades militares; a una madre de ocho hijos, Joan Connolly.

Los familiares de los fallecidos han mantenido una larga campaña para reabrir una investigación que la Policía Militar cerró en 1972 exonerando a los soldados, quienes alegaron que las víctimas utilizaron sus armas o cayeron como consecuencia de fuego cruzado. Han investigado con materiales forenses lo ocurrido en aquellos días con gran detalle.

Un documental emitido por la televisión Channel 4 avalaba recientemente la inocencia de las víctimas y ofrecía una explicación alternativa.

Un oficial del Ejército, Frank Kitson, había elaborado, tras su experiencia contra la insurgencia en Malasia y en Kenia de movimientos de liberación nacional, una estrategia de combate en guerras de baja intensidad que incluía intimidar a la población civil. El mismo regimiento de paracaidistas mató a 14 personas un año después en Londonderry reprimiendo una manifestación inicialmente pacífica (un hecho conocido como “Bloody Sunday”).

Aunque parece indudable que la guerra híbrida -combinando medios políticos y represión legal e ilegal del terrorismo- logró mermar drásticamente la operatividad del IRA en las décadas posteriores, aquellas masacres agudizaron la violencia.

Según la base de datos de Malcolm Sutton, en el Archivo del Conflicto de Irlanda del Norte en Internet (CAIN), en 1969 hubo 16 víctimas mortales; en 1970, 26; en 1971, 171; en 1972, 480; en los cuatro años siguientes, 1.100. Lo ocurrido en Ballymurphy y Londonderry es parte importante del nudo argumental que justifica al IRA, que mató a casi la mitad de las 3.500 víctimas del conflicto.

El Gobierno conservador de Edward Heath envió al Ejército a las calles caóticas de Irlanda del Norte en 1969 y las imágenes de aquel tiempo muestran a vecinos católicos recibiendo a los soldados como protectores, ofreciéndoles té y simpatía. El IRA se escindió entre una tendencia izquierdista que rechazaba la violencia y otra, IRA Provisional, que acopiaba armas.

Un francotirador del IRA mató por primera vez a un soldado, Robert Curtis, de 20 años, en febrero de 1971, cuando controlaba unos disturbios. Asesinó días después a seis civiles protestantes con una bomba contra su vehículo. Antes del 9 de agosto se había cobrado 19 vidas, entre ellas las de diez soldados. El Ejército británico había matado a siete (dos miembros del IRA y cinco civiles en disturbios).

Mandos militares no han logrado que el Gobierno apruebe una ley que limite la responsabilidad penal de sus soldados por el tiempo transcurrido desde los hechos. Se quejan de su desventaja con respecto a las investigaciones de los crímenes del IRA porque el Ejército guarda registros de su actividad. La juez Keegan se ha quejado de su falta de colaboración para proveer documentos.

Ministros británicos han explorado la posibilidad de una aministía como la que se aprobó en España, en 1977, para poner fin a la carga de las investigaciones históricas. Grupos de víctimas no lo aceptan, y la reconstrucción de las instituciones del Acuerdo de Viernes Santo tropieza con el desencuentro entre los unionistas del DUP y el Sinn Féin asociado al IRA sobre cómo tratar “el legado” del conflicto.

https://www.elcomercio.es/internacional/union-europea/investigacion-masacre-ballymurphy-llagas-ulster-20181112225406-ntrc.html

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