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Familiares de víctimas de la violencia policial, organizaciones sociales y partidos políticos asistieron esta tarde en Buenos Aires a la segunda Marcha de la Gorra, una movilización anual de protestas contra la represión de las fuerzas de seguridad y el ‘gatillo fácil’, como se conoce a los policías que utilizan sus armas de manera ilícita contra la sociedad.

En simultáneo, las manifestaciones se llevaron a cabo también en distintas provincias y ciudades del país como La Plata, Rosario, Mar del Plata y Córdoba, esta última impulsora del movimiento desde el 2007, cuando personas de distintos barrios periféricos se hartaron del hostigamiento policial y las detenciones arbitrarias que se perpetraban.

En Buenos Aires, se instaló la tarde de este viernes un escenario en la calle, a metros del Congreso de la Nación, donde las distintas agrupaciones y familiares de víctimas se concentraron.

Entre la multitud, sujetando alto un cartel con la foto de su hijo, Noemí Robelli mira hacia el escenario y se suma, con un hilo de voz fino, a los cantos de la jornada: “Policía federal, la vergüenza nacional”, repite, casi balbuceando.

Robelli era la madre de Lionel Sotelo, un joven de 19 años asesinado por la Policía el año pasado en Burzaco, localidad de la provincia de Buenos Aires. El efectivo que le disparó tres veces al cuerpo dijo que Sotelo estaba en una “actitud sospechosa” y por eso actuó así. En diálogo con este medio, la madre explicó la importancia de asisitir a estas manifestaciones: “Es necesario que el Estado se cuestione cómo actúan las fuerzas de seguridad. Mi hijo no estaba haciendo nada y recibió tres disparos en el pecho. El juicio al policía comenzará el próximo año, pero la cárcel no es suficiente. ¿Y mi hijo?, ¿y el de las otras madres? Nuestros hijos no van a volver”, afirmó.

Lionel Sotelo se suma a muchos otros jóvenes que componen la cifra roja de la violencia policial en el país. Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), durante el 2017, una persona murió cada 23 horas por el accionar de las fuerzas.

La actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desmintió las cifras de CORREPI y desafió a la organización a demostrar “la cantidad de casos falsos dentro del informe”. Pero finalmente no lo hizo. En marzo, según La Nación, la ministra defendió las políticas de seguridad y afirmó que el Gobierno no promueve el ‘gatillo fácil’: “Lo que hay que preguntarse es por qué hay chicos de doce años que están armados. Si ese chico dispara, la Policía tiene todo el derecho a defenderse”, sostuvo Bullrich.

Durante el mes de febrero, el presidente Mauricio Macri recibió en la casa de Gobierno a Luis Chocobar, un policía que defendió a un turista durante un asalto usando su arma de fuego, dejando como resultado la muerte de un delincuente. La Justicia determinó luego que su intervención ante el disparo fue extremista y lo acusó de homicidio agravado, a la espera del juicio oral.

Del otro lado del escenario, donde un cantante de ‘rap’ entretiene al público con rimas ásperas contra la policía, Rodrigo Caballeros se esmera por una foto perfecta del músico.

Fotógrafo y referente de la agrupación La Garganta Poderosa, movimiento social que defiende y representa a los asentamientos informales (villas) del país, explica que la actual gestión del Gobierno en materia de seguridad criminaliza a los barrios denominados ‘populares’: “el accionar policial no es lo mismo en un barrio que en otro. Se profundiza más en lugares como las villas, simplemente porque quieren hacernos creer que solo ahí se producen los delitos. Es constante la amenaza de las fuerzas de seguridad con todos los vecinos. Nosotros nos organizamos para denunciar cualquier hecho de violencia y concientizamos permanentemente al vecino”.

En el mes de septiembre, seis miembros de Gendarmería, una fuerza de seguridad militar, fueron condenados a seis años de prisión por torturar a dos jóvenes dentro de la villa 21-24, un asentamiento donde viven más de 60.000 personas.

La marcha se realiza un día después de la muerte de un militante social luego de que la Policía reprimiera una protesta por la adquisición de unos terrenos en la provincia de Buenos Aires.

Facundo Lo Duca

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