Agencia Europa Press en Palma de Mallorca, España. Google maps

Según ha informado la propia Europa Press, este martes agentes de la Policía Nacional española se han personado en la delegación de la agencia en las Islas Baleares para requisar por orden judicial documentación y equipos corporativos y personales para determinar el origen de una filtración periodística sobre un caso que se está investigando en los juzgados, el caso Cursach.

De este modo, tres agentes y una secretaria judicial han exigido a la periodista que cubre el caso que entregase cualquier documentación relacionada. Según la agencia, la redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes de la información y los agentes de Policía le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa.

Finalmente, los agentes se han llevado el teléfono móvil personal de la periodista, dos ordenadores de la empresa y documentos en papel. Todo ello sin que Europa Press esté siendo investigada, según han informado los funcionarios presentes en el registro.

Europa Pres ha lamentado “este ataque al derecho a la información”, un “derecho fundamental recogido en la Constitución“.

Otro medio afectado

La Policía también se ha personado en el medio de comunicación local Diario de Mallorca, con la intención de requisar el ordenador de trabajo y la documentación del periodista que cubre la información sobre el caso Cursach. Ante la negativa del medio de acceder a sus peticiones, los agentes se han marchado, aunque por la mañana ya habían requisado el teléfono móvil de ese mismo periodista, según informa el diario.

Kiko Mestre, el periodista en cuestión, relata en primera persona cómo se ha llevado a cabo la intervención de su móvil. Asimismo, el periódico en el que trabaja manifiesta “su rechazo a estas acciones judiciales que vulneran los derechos fundamentales a la información y al secreto profesional protegidos por la Constitución”.

Solidaridad con los periodistas

El Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares ha calificado los sucedido como un “ataque aberrante a la libertad de expresión” y exige que se garantice “el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes como pilar básico de la libertad de prensa”. También han querido mostrar su solidaridad con los dos compañeros: “No se puede criminalizar a los periodistas por hacer su trabajo”.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha sumado a la protesta por esta acción judicial a través de un comunicado en el que considera que esta “incautación vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero”.

Así, la FAPE recuerda la jurisprudencia que legitima la actuación de los periodistas y que el secreto profesional ampara al redactor y a sus fuentes y exige la devolución del material incautado.

Algunas personas han ido más lejos en la valoración de lo sucedido. De este modo, la periodista de Diario de Mallorca, Pilar Garcés, lo ha calificado como “hecho insólito en democracia, una agresión al trabajo periodístico que solo pueden defender los nostálgicos del franquismo”.

¿Qué es el caso Cursach?

Al parecer, la información que ha motivado esta acción judicial fue la noticia publicada por Europa Press el 5 de julio de este año en la que informaba de que el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional acusaba al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016, según un informe al que había tenido acceso la agencia.

En este proceso judicial se investiga a Bartolomé Cursach, un empresario del ocio nocturno en la isla de Mallorca que está acusado de más de 16 delitos. Se sospecha que tenía a sueldo a agentes de Policía para que acosaran a su competencia y que utilizaba a políticos y cargos públicos para mantener su influencia y beneficiar sus negocios.

La trama de corrupción ahora en los juzgados involucra a agentes que multaban y hacían la vida imposible a cualquiera que quisiera hacer competencia a los negocios de Cursach y a políticos del Partido Popular (PP) en la región. Cursach está acusado de extorsión, cohecho, falsedad documental, información privilegiada, amenazas, tráfico de influencias, coacciones, delito fiscal, delito contra la salud pública, delito contra los trabajadores, corrupción de menores y homicidio, entre otros delitos.

Según se infiere de la orden de registro hecha pública por Diario de Mallorca, se está investigando el delito de descubrimiento de secretos y los denunciantes serían la Fiscalía, Bartolomé Cursach y Bartolomé Sber Nicolau.

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