No es país para viejos

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Recientemente se ha podido ver en Lviv un particular grafiti. Muestra a una anciana de aspecto antipático que señala con el dedo. “Yo decidiré por ti”, reza la inscripción que acompaña a la imagen, que incluye también una fecha: el 31 de marzo de 2019, fecha de las elecciones presidenciales.

Según los blogueros locales, detrás de esta campaña de odio hacia los mayores podrían estar los nacionalistas de Lviv y bots de Poroshenko. Son ellos quienes temen que los empobrecidos pensionistas voten en masa a Yulia Timoshenko o a cualquier otro candidato que no sea Poroshenko, que tan generosamente les ha subido las pensiones un total de 63 grivnas [alrededor de 2€], con lo que la pensión mínima ha aumentado de 1434 a 1497 [de 45,38 a 47,37€]. Los pensionistas ucranianos parecen no comprender el éxito de las reformas en Ucrania, porque no tienen para comer ni para pagar las facturas, que tantas veces han aumentado. Y por ello pretenden apoyar a los populistas, poniendo fin a los grandes éxitos del plan quinquenal post-Maidan.

Esta lógica es ahora muy popular entre los defensores radicales de Euromaidan en su más amplio espectro: desde los nacionalistas radicales a los liberales “pro-europeos”. Su objetivo que es que continúe a toda costa el curso de las reformas antisociales, aunque eso cause literalmente la muerte a los pobres y arruinados ucranianos, principalmente a los mayores. Los pensionistas son para la extrema derecha ucraniana un colectivo innecesario, inútil, el lastre del pesado legado soviético. Y sueñan abiertamente con tirarles por la borda del sobrepoblado barco ucraniano.

Por desgracia, con ese objetivo, su agresividad va más allá de los grafitis y cada vez se producen más pogromos. Por ejemplo, la noche del 22 de diciembre, en la zona de Darnitsky, prendieron fuego a un local que distribuía lotes de comida gratis del fondo de caridad Yizneliub, del conocido empresario de Kiev Harik Korododsky. Según los testigos, detrás de este ataque está la extrema derecha local como parte de su labor de “limpiar la nación” y salvar a Kiev de los sintecho y los pobres que van a ese lugar a conseguir una comida caliente.

Al mismo tiempo, Yitomir ha tratado de restringir el derecho de los pensionistas a viajar de forma gratuita en el transporte público. En la web del consejo local, se recogen firmas para una petición macada por el odio. “Por la mañana es imposible llegar al trabajo y todo es por los grandes números de pensionistas con bolsas enormes que además no van a ninguna parte. Si algún jubilado va a trabajar, entonces tendrá las 3 grivnas que cuesta el transporte”, escribieron los autores de la petición, que parecen no darse cuenta de que las personas mayores viajan en transporte público para comprar donde pueden y que el viaje gratuito es un alivio para ellos.

Los pensionistas son el grupo de población más pobre en la Ucrania actual. Según el economista Viktor Skarshevsky, el 90% de los pensionistas ucranianos -alrededor de 10 millones de personas- reciben unas pensiones que se encuentran por debajo del umbral de subsistencia. La pensión media ronda los 90 dólares, pero el Fondo de Pensiones no tiene dinero para pagar tan elevada suma, por lo que debe recurrir a los créditos del FMI. Como afirma Skarshevsky, el déficit del Fondo de Pensiones seguirá aumentando a lo largo del año, lo que sellará el destino del Fondo de Pensiones de Ucrania. Pronto, los mayores ucranianos tendrán que valerse por sí mismos.

“En 2019, las pensiones subirán solo 8 dólares hasta las 1596 grivnas. El mínimo de subsistencia subirá también 8 dólares: 1932 grivnas. Es improbable que con eso se pueda pagar el creciente precio de las facturas. Al fin y al cabo, la población tiene que reducir gastos básicos como alimentación y vestido para pagar las facturas. Y cada vez se hace más difícil”, afirma el economista.

El país prepara ahora una reforma de pensiones, que reducirá el número de personas con derecho a una pensión. Según informó en una entrevista concedida a Ekonomicheskaya Pravda el economista Alexey Sluchimsky, los acreedores extranjeros de Kiev insisten en que sean impuestas esas medidas impopulares. Es probable que la decisión sea tomada tras las elecciones, para poder así recibir el próximo tramo de créditos del FMI. Con esa reforma, los pensionistas tendrán que obtener un nuevo carnet de identidad que contará con las huellas dactilares y tendrán que rellenar una tarjeta de registro que será actualizada cada seis meses.

Con este objetivo, el Ministerio de Finanzas ha desarrollado la ley “Sobre la verificación y monitorización de los pagos gubernamentales”. Incluso se prevé la creación de una “policía de prestaciones”, que comprobará si las pensiones se reciben de forma legal y que podrá congelar los pagos por un plazo no menor de un mes. Con esta política, el Gobierno pretende endurecer aún más las normas para que los residentes en la RPD y la RPL puedan recibir sus pensiones [si cruzan la línea de contacto hasta un lugar controlado por Ucrania y consiguen registrare para recibir sus pensiones].

“Todas estas propuestas son contrarias a la Constitución de Ucrania y al sentido común. Tenemos diferentes registros con los que el Fondo de Pensiones puede comprobar la legalidad de una pensión o la identidad de la persona. Y si hay alguna duda, los empleados del Fondo de Pensiones deben dirigirse a los pensionistas para analizar los detalles, no al revés. Una situación en la que personas mayores se mueran en colas de pensiones es, simplemente, inaceptable”, comentó el abogado Rotislav Kravets. Pero todos comprenden que las provisiones formales de esta ley no van a detener los impulsos reformistas de los ministros ucranianos.

Básicamente, Ucrania se está convirtiendo en un país abiertamente hostil a la desamparada población anciana. En un Estado en el que los pobres solo pueden pensar en sobrevivir, la clase dirigente, que se sabe impune, ven a los jubilados como un lastre, mientras que los reformistas los ven como un colectivo innecesario. Al fin y al cabo, no son compatibles con las asesinas reformas neoliberales y echan de menos el pasado totalitario. El odio que produce la propaganda se extiende gradualmente por la población. Así que es de esperar que aumenten las llamadas a negar a los mayores el derecho a voto o a que se reduzcan aún más sus prestaciones.

Nada de esto es una coincidencia: la actitud hacia los mayores y los niños es un criterio básico para medir la humanidad de la sociedad. Y la nueva Ucrania postmaidan ha decidido rechazar los principios humanistas, como si fuera una advertencia a sus conciudadanos de lo que les espera en un futuro en el que ya no hay sitio para los mayores o los enfermos.

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