Marca España.
El régimen y sus altavoces intentan tapar con que uno de los detenidos es sobrino de Quim Torra, algo que delata la naturaleza del sistema: detenciones ilegales. De hecho, la Generalitat de Cataluña pondrá una denuncia contra la Policía Nacional por las detenciones del miércoles en Girona de dos alcaldes de la CUP, y más de una decena de personas.
Fuentes del Govern han afirmadoque durante la reunión que mantienen este miércoles el Gobierno y la Generalitat en Madrid, la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, y el vicepresidente catalán Pere Aragonès, exigirán explicaciones como primer punto de la orden del día.
El vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, afirmó por la noche que las detenciones fueron “injustificadas” después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aclarase los arrestos eran “detenciones policiales” y que, por lo tanto, no estaban ordenadas por el juez que instruye la causa por la ocupación de vías.
La detención de dieciséis personas, entre ellas dos alcaldes de la CUP, por su presunta participación en la ocupación de vías del AVE en el aniversario del 1-O, ha causado indignación en el independentismo, que el miércoles paralizó la actividad en el Parlament como protesta.
El Govern critica que se hayan detenido a cargos públicos y a ciudadanos sin autorización judicial expresa, por lo que ha avanzado que presentará una denuncia por si los hechos podrían ser constitutivos de un delito de detención ilegal.
Las mismas fuentes del Govern alegan que el Código Penal castiga tanto al particular como al policía cuando realiza una detención fuera de los casos que autoriza la ley.
Además, esgrimen que el derecho a la libertad es fundamental en el ordenamiento jurídico y está recogido en la Constitución y en los textos internacionales de los derechos humanos. En esta línea, argumentan las mismas fuentes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos prohíbe la detención “arbitraria”.