Rocío García.— A pesar de todas las alertas y recomendaciones, por parte de organismos nacionales e internacionales, la primera semana de 2019 quedó marcada por otros siete líderes sociales asesinados, defensores de los derechos humanos, en Colombia.

Medios de comunicación daban cuenta de seis líderes sociales asesinados el día 7 de enero: Jesús Adier Perafán (asesinado en el departamento de Valle del Cauca); Gilberto Valencia (en el Cauca); Wilmer Antonio Miranda (Cauca); José Solano (Antioquía); Wilson Pérez Ascanio (Norte de Santander); Maritza Quiroz (Magdalena).

El día 9, el procurador general colombiano, Fernando Carrillo, se refirió a siete, habiendo considerado un “fracaso los esquemas de protección personal” del gobierno de Iván Duque.

La Fiscalía se manifestó también preocupada por la disparidad de los números de asesinatos transmitidos en las estadísticas. Si la Policía Nacional afirma que los crímenes perpetrados contra dirigentes sociales en 2018 fueron 78, ya el Sistema de Alertas Precoces del Defensor del Pueblo afirma que fueron 164 y el movimiento Marcha Patriótica registró 252, revela la Prensa Latina.

La Comisión de Paz del Congreso de la República manifestó una grave preocupación por la “violencia acentuada contra los líderes sociales” en los departamentos del Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Cesar, Meta, Nariño, Sucre y Putumayo.

En una nota emitida a este propósito titulada “Los inominables: agentes del terror de Estado”, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) subraya que, al contrario de lo que se esperaba con la desmovilización de las FARC-EP, el conflicto interno se ha agudizado en Colombia, siendo la disputa por el acceso a la tierra y la defensa de los bienes comunes, los principales factores que contribuyen al aumento del genocidio, de los desplazamientos, de las amenazas y de las ejecuciones extrajudiciales.

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