La represión política en China según el informe de Amnistía Internacional

Bruno Guigue.— Tan pronto como queremos abordar la cuestión de los derechos humanos en China, el problema inmediato es el de las fuentes de información. Si son del gobierno, los críticos habituales de la China comunista señalan inmediatamente su parcialidad. Si están vinculados a los círculos de la oposición, serán criticados de la misma manera. Para evitar estos inconvenientes, se adoptará el método de leer el último informe de Amnistía Internacional sobre China (2017-2018) y actuar como si la información fáctica que contiene fuera exacta.

Como esta ONG estadounidense no parece ser una ferviente propagandista del gobierno chino, será difícil ser acusada de ser complaciente con Pekín. Pero, ¿qué hay en este informe? En primer lugar, dedica una larga explicación a Liu Xiaobo, cuyo drama personal ha proporcionado a Occidente un fuerte de argumentos contra el gobierno chino durante una década. “El ganador del Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo murió bajo custodia de cáncer de hígado el 13 de julio. Liu Xiaobo y su familia habían pedido a las autoridades que le permitieran viajar al extranjero para recibir tratamiento médico, pero se negaron a acceder a esta petición. A finales de año, su esposa, Liu Xia, aún estaba bajo vigilancia y bajo arresto domiciliario ilegal. Ella había estado sujeta a estas medidas desde que su marido recibió el Premio Nobel de la Paz en 2010. Al menos 10 activistas fueron detenidos por organizar ceremonias en memoria de Liu Xiaobo”.

Este disidente fue detenido y condenado a nueve años de prisión por “subversión” en 2009. Murió de cáncer en julio de 2017, poco después de su liberación -no detenido- y recibió el Premio Nobel de la Paz en 2010 con el apoyo entusiasta de los países occidentales. Filósofo iconoclasta, resumió su pensamiento en una entrevista de prensa en 1988: “Elegir vivir significa elegir el estilo de vida occidental. La diferencia entre los modos de gobierno occidental y chino es la misma que entre humano y no humano, no hay compromiso. La occidentalización no es una opción para la nación, sino para la raza humana”.

Para comprender -sin justificarlo- la reacción de las autoridades chinas, es necesario llevar a cabo un ejercicio de transposición. Sustituyamos las palabras “occidental” por “ario” y “chino” por “judío”: es evidente que este tipo de declaraciones, en Francia, darían lugar a procesos judiciales contra su autor.

Pero no fue la única osadía de Liu Xiaobo. Admirador de la política exterior de Estados Unidos, nunca perdió la oportunidad de felicitar retrospectivamente al país por la Guerra de Corea -que se cobró 600.000 vidas chinas-, la Guerra de Vietnam y la invasión de Irak. Finalmente, afirmó que para experimentar los beneficios de la civilización occidental, “China debería volver a ser una colonia durante 300 años y dividirse en 18 estados”.

Podemos estar indignados por el trato de un intelectual que dice lo que piensa. Pero cuando exige la colonización de su país por potencias extranjeras, debe esperar problemas. La detención de Liu Xiaobo demuestra que las autoridades chinas no juegan con el patriotismo y que existen límites a la libertad de expresión tan pronto como está en juego el interés nacional. ¿Pero es diferente en otros lugares? ¿Qué le pasaría a un ciudadano francés que declara que los franceses no son seres humanos y exige abiertamente la invasión de Francia por parte de Rusia?

Represión política

Después de esta esperada oda a Liu Xiaobo, el informe de la ONG estadounidense hace referencia a los avances legislativos considerados perjudiciales para los derechos humanos. “Este año, una vez más, se redactaron y aprobaron leyes y reglamentos represivos de seguridad nacional, lo que otorgó a las autoridades más poder para silenciar a la oposición, censurar la información y acosar y enjuiciar a los defensores de los derechos humanos”. A modo de ejemplo, el informe es una narración que tiene el mérito de referirse a acontecimientos específicos. El acontecimiento más importante -el único que ha sido objeto de un relato detallado en el informe- tuvo lugar en julio de 2015.

“De las casi 250 personas que fueron interrogadas o detenidas por agentes de la seguridad del Estado tras la ola de represión sin precedentes lanzada por el gobierno contra abogados y activistas de derechos humanos en julio de 2015, nueve fueron declaradas culpables de subvertir el poder del Estado, incitar a la subversión del poder del Estado o intentar provocar conflictos y perturbar el orden público”.

El informe continúa diciendo que de estas nueve personas, cinco siguen en prisión, tres han sido condenadas a penas suspendidas y la última ha sido eximida de una condena penal. A estos nueve casos, el informe añade otros cuatro casos de detenciones que resultaron en tres sentencias de prisión y una fianza.

Los otros acontecimientos similares mencionados en el informe de la ONG se refieren a “once activistas detenidos por conmemorar la represión de Tiananmen de 1989, por provocar conflictos y perturbar el orden público”. Dos de ellos fueron detenidos y uno fue condenado a tres años de prisión. El informe añade tres detenciones de “activistas sindicales” que han dado lugar a fianzas y condenas penales. En cuanto a la “represión de las actividades de internet”, se dice que 12 personas siguen en prisión, la mayoría de ellas en espera de juicio.

Esta parte del informe de Amnistía Internacional tiene la ventaja de ser relativamente precisa: proporciona cifras, menciona los nombres de las personas afectadas e indica el trato que han recibido. Si resumimos todos estos datos, obtenemos un total de 280 detenciones, 22 encarcelamientos y 10 condenas penales, con penas de prisión que van de uno a ocho años. También se dice que hay algunos casos de arresto domiciliario y un enigmático caso de “desaparición” sin resolver, sobre los que la ONG es cautelosa.

Discriminación de las minorías

La segunda parte del informe trata de las religiones y las minorías que, al parecer, son objeto de graves discriminaciones por parte de las autoridades chinas. “Este año, una vez más, los practicantes de Falun Gong han sido objeto de persecución, detención arbitraria, juicios injustos, tortura y otros malos tratos. Pero para ilustrar esta represión generalizada de las actividades religiosas, Amnistía Internacional cita sólo un caso: “Acusado de utilizar el culto perjudicial para socavar la aplicación de la ley, Chen Huixia ha estado detenido desde 2016. En mayo, su juicio se pospuso después de que su abogado pidiera al tribunal que no utilizara como prueba las pruebas obtenidas bajo tortura.

Pero, como podemos imaginar, lo que preocupa a la ONG occidental es sobre todo la situación de los uigures y tibetanos. “En el informe sobre su misión a China en 2016, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Pobreza Extrema afirmó que, si bien los progresos en la lucha contra la pobreza eran en general impresionantes, la situación de los tibetanos y uigures seguía siendo muy problemática, y que la mayoría de las minorías étnicas en China estaban expuestas a graves violaciones de los derechos humanos, incluidas tasas de pobreza particularmente elevadas, discriminación étnica y desplazamiento forzado.

En apoyo de una imagen tan alarmante, nos habría gustado conocer hechos concretos. A modo de ejemplo, la ONG menciona dos detenciones y seis muertes relacionadas con incendios en el Tíbet. Las circunstancias de estos suicidios apenas se aclaran en el informe, a diferencia de las dos detenciones mencionadas. En total, la desproporción entre los hechos reportados y la descripción apocalíptica que forma el telón de fondo es obvia. Cabe señalar que el informe no abarca gran parte de la situación en el Tíbet. El Dalai Lama hace tiempo que dejó de exigir la independencia de su provincia natal, pasando gradualmente bajo las pantallas de radar de la compasión occidental.

En el mismo sentido, la afirmación de los autores del informe de que “la mayoría de las minorías étnicas en China estuvieron expuestas a graves violaciones de los derechos humanos” es completamente surrealista. China reconoce oficialmente 54 nacionalidades minoritarias. Los únicos que históricamente han encontrado dificultades con el poder son los tibetanos y los uigures. La minoría más grande (18 millones de personas), los Zhuang, están perfectamente integrados, al igual que los musulmanes Hui. Exentos de la política de un solo hijo -ha sido un enorme privilegio- se han beneficiado de medidas para promover su cultura y de inversiones en las regiones (a menudo desfavorecidas) en las que han vivido durante siglos. El Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos siempre puede ser polémico, no hay nada concreto que apoye sus afirmaciones.

Dado que la causa uigur ha sustituido a la causa tibetana en los corazones de los occidentales, la parte del informe dedicada a esta cuestión es obviamente mucho más larga. Insiste con razón en la represión despiadada de las “actividades extremistas” por parte de las autoridades chinas. Sin embargo, el informe no da ninguna fuente precisa ni cifras. Incluso leemos este tipo de cosas, que atestiguan la seriedad de los redactores cuando abandonan el campo de la relación de hecho por el de la afabulación de rumores:

“Según los informes de los medios de comunicación, se ha ordenado a las familias de toda la región que entreguen a las autoridades sus copias del Corán y cualquier otro objeto religioso que posean, bajo pena de sanciones”.

De hecho, el gobierno chino ha retirado de la circulación libros de literatura religiosa extremista. ¿Debemos culparlo por esto, en un país donde los ataques yihadistas han matado a cientos de personas desde 2009? Finalmente, esperábamos encontrar un desarrollo consistente en la abominable represión de los uigures. El informe menciona los “centros de rehabilitación” creados por el gobierno, pero no hay una línea sobre los “campos de concentración” en los que, según la prensa occidental unánime, están hacinados “un millón de uigures”.

Probablemente temerosa del ridículo, Amnistía Internacional ha observado una saludable cautela sobre el tema. Es cierto que para encarcelar a un millón de uigures habría que capturar a la mitad de la población masculina adulta de una minoría de diez millones de personas. Ninguna fuente seria ha fundamentado nunca estas acusaciones grotescas, y la enormidad de la mentira probablemente terminará matando a la mentira.

La represión en China y en Francia

Al añadir los datos proporcionados por el informe de Amnistía Internacional, se puede concluir que el gobierno chino violó los derechos humanos en 2017 al realizar un número desconocido de detenciones y arrestos, de los cuales varios cientos están identificados y documentados. En total, Amnistía Internacional también informa de unos 30 encarcelamientos y 20 condenas penales -con penas de prisión que van de uno a ocho años- impuestas a personas acusadas (con razón o sin ella) de perturbar el orden público o realizar actividades subversivas. Si son exactos, estos elementos deben ser tomados en consideración.

Está claro que el gobierno chino está ejerciendo una vigilancia generalizada, rastreando las actividades subversivas y no escatimando en los medios para ponerles fin. Siempre se puede, sobre todo a distancia, juzgar esta política dictatorial y condenar un régimen que sus detractores califican de “totalitario”. Pero no es seguro que los chinos vean las cosas de la misma manera. Si bien desean que se suavice con el tiempo, consideran que esta severidad es esencial para la estabilidad del país y la lucha contra la interferencia extranjera. La represión de las organizaciones extremistas en Xinjiang, por ejemplo, es ampliamente aceptada, y los acontecimientos en Siria -o Libia- han reforzado la aversión china a esta ideología mortal y han suscitado preocupación entre las autoridades por esta amenaza estratégica.

Si acreditamos la relación de los hechos por parte de la ONG estadounidense -esta es mi premisa inicial-, es igualmente evidente que la represión en la República Popular China afecta a un número extremadamente limitado de personas. Los treinta encarcelamientos y veinte condenas en China en 2017 se pueden comparar, por ejemplo, con la represión que ha golpeado a los “chalecos amarillos” desde noviembre de 2018. Con 8.500 detenciones, 1.800 condenas penales, 200 encarcelamientos y 110 heridos graves, entre ellos 19 mutilados, los resultados de la represión policial y judicial que ha afectado a este movimiento popular son impresionantes.

Con una población china veinte veces mayor que la de Francia, basta con aplicar esta proporción para hacerse una idea de cómo sería si se reprimiera un movimiento similar en China: decenas de miles de detenciones, 36.000 condenas penales y 2.000 heridos graves. Con las cifras proporcionadas por Amnistía Internacional, estamos muy lejos de ello. Francia se jacta de ser una “democracia” y da una lección a los chinos, pero miles de manifestantes son detenidos, decenas de mutilados y cientos enviados a prisión por los tribunales.

Veinte condenas transforman un país de 1.410 millones de habitantes en una dictadura totalitaria, 1.800 condenas en un país de 67 millones de habitantes le valen el título de democracia ejemplar. ¡Que lo entienda quien pueda!