Las grandes multinacionales famacéuticas ya controlaban la “investigación” médica, la universidad, los colegios profesionales, la OMS, la FDA y ahora en España han logrado el beneplácito de los ministerios para desatar una caza de brujas contra las seudoterapias que, además de no curar, e incluso matar, estafan a los enfermos.
Desde su origen, la ciencia siempre ha padecido toda suerte de persecuciones de este tipo, por lo que esta nueva oleada inquisitorial no puede extrañar. Seguimos como siempre. Hay quien se atribuye la condición de sumo pontífice de la ciencia para quemar a los herejes de la misma porque no la representan sino que son su contrario: seudociencia.
Sin embargo, la ciencia nunca ha ganado nada en una pelea que no tenga que ver consigo misma. La ciencia es autocrítica, esto es, dialéctica y ningún científico merece tal nombre si no pone en cuestión los fundamentos de su propio conocimiento.
La medicina convencional, tal y como hoy la conocemos, es una dependencia de la farmacia y de quienes la gobiernan, que son las grandes multinacionales del ramo, cuyos intereses no son la salud de nadie sino los beneficios de sus accionistas. De aquí derivan buena parte de las tremendas lacras de los sistemas llamados “de salud” que han convertido a los médicos en los únicos que -al margen de los ejércitos- tienen licencia para matar impunemente.
Afortunadamente los monopolios no pueden tapar la boca a todos, pero sí pueden arrinconar a los herejes para que determinadas noticias que comprometen a la medicina convencional, como la siguiente, no tengan alcance: un analgésico como el oxycontin, plenamente legal, ha causado 670.000 muertos. La información hay que agradecérsela a la obstinación de un medio como Propublica pero, como todo lo que dicen los herejes, no tendrá ningún recorrido. Ya lo verán.
La empresa farmacéutica Purdue fabrica el oxycontin, un opiáceo sintético, desde hace 24 años. Es dos veces más eficaz que la morfina natural y es euforizante, tiene un efecto más fuerte y duradero que la heroína y, por lo tanto, también induce dependencia en el consumidor.
Después de ocho años de litigios judiciales, Propublica logró una copia de un largo informe de 337 páginas del testimonio jurado de Richard Sackler, presidente de Purdue. El Estado de Kentucky le había denunciado, pero ambas partes llegaron a un acuerdo que, tratándose de Estados Unidos, no era más un pacto de silencio. El precio fue de 24 millones de dólares por la destrucción de 17 millones de páginas de documentos relacionados con el litigio.
La declaración de Sackler en 2015 fue precintada junto con otras pruebas que sobrevivieron en un almacén que el Tribunal tenía en medio del campo. En 2016 Stat News, un medio especializado en salud que había fundado el año anterior el jefe del periódico Boston Globe, exigió al tribunal de Kentucky que hiciera públicos los documentos no destruidos.
Las sospechas sobre el oxycontin crecieron cuando en junio del año pasado, la fiscal general de Massachusetts, Maura Haley, se querelló contra Purdue por el “homicidio intencional” de 670 personas dependientes del analgésico que murieron de sobredosis (1). La querella se extiende contra ocho miembros de la familia Sackler por tejer una red de fraude y engaño que propagó la muerte por puro afán de lucro. Además, otros 16 directivos y sicarios de Purdue aparecen involucrados.
Lo mismo está ocurriendo en otros ocho Estados del este. Se trata de regiones rurales de bajos ingresos donde este tipo de fármacos legales son una auténtica epidemia. Veintiocho Estados del este tienen elevadas tasas de mortalidad por opiáceos que, además, se duplican cada dos años, mientras que en otros doce la tasa se duplica cada año.
Las tasas de mortalidad por sobredosis de fármacos legales (e ilegales) se correlacionan con la crisis del capitalismo, por lo que han evolucionado en sus tres fases. La primera coincide con la crisis de 2007, la segunda comienza con la política expansiva de la Reserva Federal, asociada a un aumento significativo de las muertes por sobredosis de heroína, y la tercera, que aparece entre 2015 y 2016, tiene una pendiente aún más pronunciada y se corresponde al consumo generalizado de fentanyl, otro opiáceo sintético.
La epidemia ha causado que en 2016 la esperanza de vida de los estadounidenses descienda en 0,36 años.
Nada de esto es nuevo. En 2007 Purdue ya fue condenada a pagar una multa de 600 millones de euros por inducir a la adicción de opiáceos. Además, tres diririgentes de la farmacéutica tuvieron que pagar cuantiosas multas por el etiquetado incorrecto del fármaco, al no advertir a los consumidores de los efectos secundarios del mismo.
En un gran negocio, como la farmacia convencional, las multas son un incentivo para seguir vendiendo drogas de maneras diferentes y con argumentos diferentes con una enorme agresividad comercial. La licencia para matar se extiende incluso a los niños: en agosto de 2015 el jefe del Departamento de Anestesia y Analgesia de la FDA, basándose en estudios realizados por Purdue en niños, amplió la autorización de comercialización del oxycodin a menores comprendidos entre los 11 y los 16 años (2).
Los médicos, los hospitales y las universidades no son ajenas al crimen porque forman parte de la red publicitaria de este tipo de prácticas. En 2002 Purdue donó tres millones de dólares al Massachusetts General Hospital para elaborar y distribuir “material educativo” sobre el dolor y realizar actividades de formación de posgrado (3). Han convertido el tratamiento del dolor en un negocio manejado con la apariencia de una disciplina “científica”, como si el dolor fuera una enfermedad.
En 1999 Purdue financió otro programa “de investigación” del dolor en la Universidad Tufts de Boston y en 2011 un sicario de la empresa fue nombrado como profesor de esa misma universidad.
Los recortes universitarios, los recortes en sanidad y los recortes en investigación científica no son ninguna casualidad. Están sustituyendo la financiación pública por la privada y convirtiendo a la ciencia en tributaria de los grandes monopolios. Hoy es tan complicado diferenciar a una universidad de un vendedor ambulante que a duras penas podemos reconocer a las disciplinas que se imparten en ellas, y mucho menos otorgarles la etiqueta de “ciencia”.
Cuando la Universidad Tufts nombra a un sicario de Purdue como “profesor” hacía ya cuatro años que la empresa había sido condenada por “conducta criminal”. ¿Qué opinión puede merecer una universidad como esa?
¿A qué llaman hoy día “ciencia”?, ¿con qué tipo de porquerías ensucian los “profesores” las cabezas de sus alumnos?, ¿cómo tienen la cara tan dura de hablar de “seudociencias”?
(1) https://www.wbur.org/commonhealth/2018/06/12/massachusetts-lawsuit-purdue-pharma
(2) https://www.nbcnews.com/health/health-news/fda-approves-oxycontin-children-young-11-n409621
(3) https://www.eurekalert.org/pub_releases/2002-02/mgh-mg020702.php
