A modo de introducción, haremos un breve repaso por la historia reciente de Fraguas, una pequeña localidad ubicada en la Sierra Norte de Guadalajara, que al igual que otros cientos de pueblos del territorio español, fue expropiada y arrasada por el régimen franquista para convertirla en una fábrica maderera.

Una vez el franquismo expropió los terrenos a través del ICONA, todos sus habitantes fueron expulsados de sus hogares, y su flora y fauna autóctonas completamente destruidas.

En el año 2013, un grupo de jóvenes madrileños ambientalistas decide instalarse en torno a los restos del pueblo, recuperar parte de las edificaciones destruidas (en su mayoría por las maniobras militares de los años 80 y 90 realizadas allí), y crear un asentamiento estable para dar comienzo a los trabajos de recuperación de Fraguas y de su entorno.

En esta tarea reciben, desde el principio, el apoyo incondicional de antiguos habitantes de la localidad que fueron forzados al exilio por la dictadura fascista, surgida mediante alzamiento militar contra la II República en 1936.

Para tal fin, el de la reconstrucción, se emplearon materiales de la zona y medios totalmente respetuosos con su entorno (esquilmado por la siembra masiva de especies invasoras no autóctonas). Comenzaba la repoblación de Fraguas, surgida de una idea tan benévola e inocua, como inocente y honesta, de un grupo de trabajadores excluidos por el sistema de los medios de producción y abocados al éxodo y a la búsqueda de alternativas de vida fuera de las grandes urbes.

En junio de 2015, da comienzo la persecución, la “caza de brujas” por parte del régimen tardofranquista a través de los esbirros de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, mediante la interposición de una denuncia basada en un supuesto delito de “atentado contra la ordenación del territorio” y elevada como tal a la Audiencia Nacional.  Cargos a los que, si no eran ya de por sí sangrantes, se sumarían un tiempo después los de “atentado contra el medio ambiente y usurpación del monte público”, con el único objetivo se someter a los repobladores de Fraguas a una ordalía, a la inquisición, en esencia, por su gesto de compromiso con el medio ambiente y la despoblación hiriente en estas tierras.

En noviembre de 2018, la Audiencia Nacional (antiguo Tribunal del Orden Público franquista), condena a seis miembros del colectivo Fraguas a un año y nueve meses de prisión, además de a una multa (a la que no podrán hacer frente) obscena y desproporcionada, desde el céntimo uno, de 27.000 euros, amparados en la –dice el auto– necesidad de “sufragar los daños ocasionados y el coste del derribo de las viviendas recuperadas”. Vaya, como si los fascistas “amnistiados” por el PSOE en el 77 no hubieran acometido esta tarea destructiva en los años sesenta.

A pesar del apoyo popular mayoritario al proyecto Fraguas y de los infames e inverosímiles argumentos esgrimidos por la JCCM y la Audiencia Nacional, todo el aparato represor del estado se ha volcado en llevar a cabo un escarnio público a estos jóvenes para que sirva como mensaje de advertencia: La propiedad privada, en el Reino de Franco, no se toca.

Estas tácticas represivas son una seña de identidad de las dictaduras capitalistas, de la burguesía más reaccionaria. Son rasgos inequívocos del fascismo: represión y uso del terror a través del estado para doblegar a las masas populares, al proletariado, y someterlo a sus intereses espurios.

No se nos pueden olvidar la infinidad de atentados medioambientales que la JCCM (con PSOE, Podemos y PP al frente) ha pasado por alto, administrativamente hablando. Enumeramos una pequeña muestra de ellos:

  • Incendio forestal de la Riba de Saelices en el Parque Natural del Alto Tajo, fruto de la más que evidente ausencia de medios preventivos y activos para luchar contra el fuego que costó la vida a 11 personas y arrasó más de 13.000 ha de monte.
  • El continuo esquilme de agua en la cabecera del Tajo para alimentar la especulación urbanística y a la mafia SCRATS (Regantes del Acuerdo Tajo Segura) en el levante, causando un grave daño medioambiental a la cuenca del Tajo y a los municipios dependientes de esta. Hay pueblos ribereños en Guadalajara que son abastecidos por cisternas debido a este despropósito.
  • El uso del Fracking (fractura hidráulica, altamente destructiva y contaminante) en el norte de la provincia de Guadalajara, en las mismísimas puertas del Parque Natural del Alto Tajo, aprobados por los partidos políticos burgueses PSOE y PP.
  • La ruinosa y especulativa obra del aeropuerto de Ciudad Real, llevada a cabo por el PSOE en connivencia con empresarios, aristócratas, terratenientes y especuladores de la zona, es una clara muestra más de con quienes tratamos. Este despropósito fue construido sobre una zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), que finalmente terminó sirviendo como plató de cine y como aparcamiento para los jets privados de aristócratas.
  • La concesión de licencias fraudulentas para la instalación de macro granjas porcinas (actividad altamente contaminante por la gran cantidad de residuos, purines y consumo de agua que conlleva, además del sometimiento indecente a unos seres vivos a los que se les inflige un sufrimiento obsceno y criminal) en todo el territorio regional para satisfacer las demandas de sus mecenas.
  • EL vallado en toda la región, de espacios naturales de alto valor ecológico para uso y disfrute de caciques y terratenientes que se dedican a cubrir su ocioso tiempo asesinando inocentes seres vivos por placer, como es el caso de Los Yébenes, en el corazón de los Montes de Toledo.
  • El cercado de pueblos enteros “adquiridos” cual mercancía de intercambio por mercaderes sin escrúpulos, como es la localidad de Villaescusa de Palositos, situada en el noreste de la provincia de Guadalajara, y cuya privatización ha causado dolor y sufrimiento a los antiguos vecinos, que ni tan siquiera pueden acceder al cementerio de la localidad donde se hallan sus familiares y seres queridos.

Vivimos en una tierra de caciques, repleta de auténticos desmanes cometidos por la burguesía más reaccionaria, con la autorización implícita y explícita de la JCCM y del PSOE, partido que pretende silenciar y privar de libertad a unos jóvenes ecologistas por repoblar una localidad expropiada, abandonada, y posteriormente derruida sin que los “tan ambientalistas” dirigentes del PSOE se rasgaran las vestiduras por ello – la burguesía reacciona violentamente cuando ve peligrar sus intereses -.

La JCCM, en el caso de Fraguas (y en otros muchos), está actuando como un agente opresor, un brazo ejecutor al servicio de la burguesía, clérigos, caciques y terratenientes, que valiéndose y apoyándose en actuaciones llevadas a cabo por el franquismo (ese que dicen repudiar) y en leyes represivas dictadas por los arquitectos de la dictadura, que esgrimiendo un elenco de argumentos irrisorios propios del zarismo,  está basando y justificando sus actuaciones represivas y violentas contra un colectivo, contra toda una sociedad, contra una clase, nuestra clase: la clase trabajadora.

Fraguas, es un claro ejemplo de que, tras la muerte de Franco, todo quedó “atado y bien atado”, y que la única alternativa a las dictaduras capitalistas y reaccionarias, es la organización y el Socialismo.

Frente a las injusticias y contra el yugo burgués ¡UHP!

COMITÉ PROVINCIAL
DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)
EN GUADALAJARA

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