El Gobierno de Venezuela acusa al senador estadounidense Marco Rubio de ser cómplice de un sabotaje contra el sistema eléctrico del país suramericano.
En declaraciones a través del canal estatal VTV, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha vinculado directamente al legislador estadounidense en lo que describió como “la agresión más brutal contra el pueblo de Venezuela en 200 años”.
El titular venezolano ha dicho que Rubio deberá explicar al mundo cómo supo que el sistema de control automatizado de respaldo de la central hidroeléctrica de Guri había sido dañado.
El jueves, un apagón eléctrico afectó al país bolivariano y provocó fallas en los servicios de telecomunicaciones que hasta el viernes a las 00.00 GMT solo se habían restablecido de manera parcial.
Rodríguez ha mostrado los mensajes escritos en Twitter tanto por Rubio como del golpista venezolano Juan Guaidó y ha interpretado que los políticos tenían información privilegiada.
“El mensaje de Rubio en la red social de Twitter es una verdadera confesión criminal”, ha enfatizado Rodríguez mientras ha ironizado con que el senador republicano era “adivino”, ya que dio la información antes de que sucediera y ha tildado a Guaidó de cómplice.
A juicio de Rodríguez, con este sabotaje se demuestra con este sabotaje que no solo hay agresión para los chavistas, también se afectaron los que votan por la oposición, y quien está llevando la luz a las casas nuevamente, es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Dejar un país sin servicio eléctrico con fines políticos eso nunca se vio en Venezuela, ha sentenciado el ministro tras asegurar que Caracas presentará la denuncia ante todas las instancias internacionales, “con todas las pruebas debidas, entre ellas las confesiones de Rubio y Guiadó”.
Ha agregado que esas “pruebas” serán mostradas al equipo técnico de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, que tiene prevista una visita a Venezuela a partir del domingo 10 de marzo.
Toda esta campaña tiene como objetivo obligar al mandatario venezolano a dejar el poder al autoproclamado Juan Guaidó y realizar nuevas elecciones presidenciales, a pesar de que el gobernante chavista se impuso de manera categórica en los comicios de mayo pasado.
