Funcionarios panameños, cómplices de devastación en el Canal

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Durante los últimos 5 meses, activistas por el medio ambiente y vecinos de áreas aledañas al Canal de Panamá han llevado a cabo una serie de protestas.

La cuenca hídrica del Canal de Panamá, al igual que el Parque Nacional Camino de Cruces han sido violentados por un proyecto que pretende ampliar la vía Omar Torrijos de 2 a 4 carriles, poniendo en peligro no solo la diversidad de fauna y flora del lugar, sino el funcionamiento de la propia vía interoceánica. Desde finales de octubre de 2018 las protestas en rechazo a esta ampliación han sido continuas.

El proyecto es encabezado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) bajo un costo estimado en 89.1 millones de dólares.

Goza, además, con la aprobación del Ministerio de Ambiente (Miambiente) quien dio su visto bueno al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a pesar de no respetar los parámetros iníciales establecidos por el propio MOP.

En febrero pasado, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió la resolución mediante la cual se aprobó este Estudio de Impacto Ambiental, por lo que correspondería también suspender las obras. Sin embargo, los manifestantes denuncian su continuidad en desacato del fallo judicial.

Normas como la Ley 21 de 1997 que aprueba un plan para el desarrollo del área del Canal y su cuenca hidrográfica, o el Decreto Ejecutivo 123 de 2009 que reglamenta las evaluaciones de impacto ambiental, están siendo violentadas con el supuesto objetivo de aliviar el congestionamiento vehicular en el lugar.

John Alonso, Panamá.

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