El desastre económico y social provocado en Rumanía tras la instauración forzosa y a ritmo acelerado del capitalismo hace tres décadas hace que, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística de Rumanía, cada vez más rumanos estén obligados a continuar trabajando tras llegar a su edad de jubilación. Por supuesto, es algo favorecido por la legislación, al servicio de los intereses de las grandes corporaciones y la patronal rumana.
En 2010, había 3000 personas jubiladas que habían regresado a trabajar tras su jubilación, renunciando a su sueldo. Hoy, solo los de las ciudades han superado los 15.000, mientras que en el mundo rural los pensionistas que siguen siendo asalariados suman otros 7,000 jubilados. Y hablamos solo de los casos en los que la situación está legalizada.
Se trata de un número creciente, aumento favorecido por varios factores:
En primer lugar, las pensiones ridículas que el estado capitalista rumano paga a los jubilados, que impiden una vida con las necesidades básicas cubiertas.
En segundo lugar, que la destrucción del tejido industrial de Rumanía, tras el golpe de estado de diciembre de 1989, hizo que desaparecieran más de cinco millones de puestos de trabajo y forzó a millones de rumanos a huir del país para buscarse la vida fuera (principalmente en paises donde fueron utilizados como mano de obra barata o, directamente, sobre todo en el mundo de la agricultura y en la explotación sexual, como esclavos y esclavas). Esto último provocó que el mercado laboral interno se haya quedado sin oferta, por lo que los empresarios necesitan buscar que otros sigan enriqueciéndolos con su sudor y tiempo en otros sectores.
Según los últimos datos estadísticos, el número medio de jubilados fue de 5,18 millones de rumanos en el último trimestre, mientras que la pensión media del régimen general de la Seguridad Social no llegaba a 1230 lei (unos 260 €), teniendo en cuenta que la mediana (o sea, la pensión habitual) es bastante menor. Territorialmente, en la provincia de Botosani, una de las más pobres del país, en el norte, la pensión media es de apenas 900 lei, mientras en Bucarest llega a 1434.
El triste hecho de que los mayores que han trabajado toda la vida se vean obligados a continuar haciéndolo cuando llegan a la edad de retirarse se vende en los medios de propaganda del capital como un valor positivo relacionado con patrañas liberales del estilo «esfuerzo personal», «voluntad de contribuir a la sociedad» o como consecuencia del «aburrimiento por no poder hacer nada»: con el fomento de esa situación, tan cómoda y rentable para el capital, en la que el obrero no protesta y agradece al empresario la oportunidad de ganar unas perrillas, y recela de todo tipo de sindicato u organización combativa por sus derechos, tan típica del nuevo modelo laboral que se lleva imponiendo desde la caida de la Unión Soviética.
El objetivo final, que se aprecia en toda la Unión Europea, pero no solo (en Rusia también se ha aumentado la edad de jubilación a pesar de las protestas), es el de aumentar más temprano que tarde la edad de jubilación (en paralelo a reducir con la guadaña del sistema cuantos más derechos a los trabajadores sea posible). La realidad es muy distinta: no se trata de que los mayores rumanos se mueran por trabajar para otros y así recibir unas migajas a cambio de llenar los bolsillos del empresario, sino de la condena a la clase trabajadora rumana a una rampante precariedad que en Rumania empezó a ensayarse, con la famosa terapia de choque neoliberal, en los años 90, y que se intenta profundizar superando cada día los límites previos, en vista de lo exitosa que ha resultado para la clase parasitaria, especialmente paralas grandes corporaciones, ante la pasividad y desorganización de la clase trabajadora.