La segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó este martes los dos pedidos de liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple una condena de más de ocho años de cárcel en Curitiba por corrupción.
La Corte Suprema de Brasil analizó los dos ‘habeas corpus’ presentados por la defensa de Lula da Silva, mediante los que solicitaron la anulación del fallo pronunciado en su contra por el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, por supuesta «parcialidad».
El primero de los pedidos que debatió el STF fue sobre la decisión del ministro Felix Fischer, quien negó, en una decisión individual, un recurso del exmandatario presentado a aquella corte. La votación de los cinco magistrados fue de 4 a 1 a favor del rechazo.
Este martes, uno de los magistrados de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Gilmar Mendes, propuso que el exmandatario fuese excarcelado en forma provisoria, hasta tanto se esclarezca la acusación de imparcialidad a Moro, surgida tras las filtraciones del sitio The Intercept. Esa investigación periodística reveló conversaciones entre el actual ministro de Justicia y los fiscales a cargo del caso, que prueban una supuesta coordinación para encarcelar a Lula.
En medio del debate sobre el segundo ‘habeas corpus’, los jueces evaluaron la propuesta de Mendes y votaron en contra por 3 a 2. Los integrantes del tribunal Edson Fachin, Celso de Mello y Carmen Lúcia rechazaron la liberación inmediata de Lula. En tanto, Mendes y Ricardo Lewandowski votaron a favor.
La decisión es provisional, ya que los magistrados no votaron el mérito del ‘habeas corpus’ que cuestiona el accionar de Moro. El análisis definitivo del caso quedará para un momento posterior, aunque aún no fue definida la fecha en que se realizará el juicio.
Tras la histórica condena al líder del Partido de los Trabajadores (PT), que lo dejó al margen de la competencia electoral de 2018, el actual jefe de Estado, el ultraderechista Jair Bolsonaro, nombró al juez Moro titular del Ministerio de Justicia. En esa decisión se apoya también el pedido de nulidad del fallo que puso al expresidente tras las rejas en abril del año pasado.
Gunther Aleksander, editor de la agencia Pressenza, opina que «es un tribunal claramente político» y que existe mucha presión por parte de los militares. «Hay una suerte de Gobierno militar evangélico organizado para arrestar a opositores y adversarios», comentó a RT.
