1.000 días de prisión de los de Altsasu

Hoy se cuplen 1.000 días en prisión de los jóvenes de Altsasu….interesante entrevista a Altsasu Gurasoak

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El contador que suma los días de prisión de Adur Ramirez de Alda Pozueta, Oihan Arnanz Ziordia y Jokin Unamuno Goikoetxea alcanza hoy los cuatro dígitos. 1.000 días entre rejas de tres de los ocho jóvenes de Altsasu condenados por la Audiencia Nacional a penas de entre 13 y 2 años por una trifulca de bar con dos guardias civiles y sus parejas una noche de ferias de 2016. Para otros cuatro, Iñaki Abad Olea, Aratz Urrizola Ortigosa, Jonan Cob Amilibia y Julen Goikoetxea Larraza son ya 466 días en la cárcel. La octava joven procesada no ha llegado a ingresar en prisión. “Cada día que pasan aumenta la crueldad de un proceso que será recordado como una aberración jurídica e injustificable”, señalan las madres y padres de los jóvenes, Altsasu Gurasoak, que durante todo este tiempo no han parado de pedir justicia y proporcionalidad para este caso. “Aunque sea tarde, todavía es posible parar esta injusticia en el Tribunal Supremo”, destacan. Y es que el próximo 18 de septiembre se celebrará la vista del recurso de apelación presentado por las defensas, que piden la libre absolución de los jóvenes.

“Si hay voluntad, están en el momento de parar esta locura y poner fin a tanto sufrimiento. Es el último cartucho”, observa Igone Goikoetxea, la madre de Jokin. “La sentencia del Supremo será firme. El siguiente paso sería el Tribunal Constitucional, que podría inhibirse o dilatar el proceso antes de que llegue a Estrasburgo”, explica Bel Pozueta, la madre de Adur. Pero los padres y madres no quieren ponerse en esa tesitura y se aferran a no perder el último tren que supone el Tribunal Supremo. “El relato, dado por bueno en las dos sentencias, relativo a la brutalidad de la agresión no es compatible con las lesiones efectivamente objetivadas, ni con los testimonios de 56 testigos y 11 peritos que declararon en el juicio oral y que han quedado completamente ignorados en las dos sentencias. Pedimos que no se falte a la verdad de los hechos realmente ocurridos aquella noche”, incide Amaia Amilibia, la madre de Jonan.

Así, ha comenzado una cuenta atrás de la que penden las vidas de los jóvenes. “Se les nota más nerviosos. Además, el verano se hace más duro dentro, porque hay menos actividades, los días son más largos”, señalan las madres y padres. Lo cierto es que no pierden el tiempo en la cárcel: estudian, hacen mucho deporte y cursillos, desde cocina a yoga para mantener el cuerpo y la mente ocupada para no caer en la desesperación.

“Están bien, aunque tienen sus momentos”, observa Goikoetxea. Y es que se muestran fuertes, la misma imagen que ellos les trasladan a sus hijos, un sentimiento de protección recíproco. Pero están cansados y quieren retomar sus vidas, acabar con las visitas semanales de 40 minutos para ver a sus hijos y los vis a vis mensuales. Les mantiene el amor a sus hijos, la sed de justicia y la gran ola de solidaridad que les ha llevado a volandas en muchos momentos.

Estos mil días han sido también una montaña rusa de emociones;miedo, dolor, rabia, frustración…, pero también de gratitud tras haber visto lo mejor de las personas. Por ello, no tienen palabras para dar las gracias por la solidaridad recibida, un apoyo que les ha dado fuerza para seguir adelante en esta larga lucha en la que han removido tierra y cielo para pedir justicia y proporcionalidad en el caso. Así, en todo este tiempo, se han reunido con políticos, agentes sociales, personas de la cultura y juristas entre otros. Asimismo, han acudido a diferentes instituciones como el Parlamento de Navarra, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo, entre otras, además de recorrer casi todo el Estado explicando e informando sobre unos hechos de los que se construyó un relato de parte, en base al segundo informe emitido por la Guardia Civil, muy diferente al primero realizado por la Benemérita y también por la Policía Foral. “Hay que seguir denunciando para visibilizar esta injusticia. Pasa el tiempo y parece que se olvida”, destacan.

Acusación de terrorismo

Denuncia de Covite

De estos mil días en prisión, más de la mitad los han pasado alejados a 550 kilómetros de sus casas y bajo el régimen FIES, siglas de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento, acusados de terrorismo. “Estaban aislados y tenían la correspondencia y las llamadas intervenidas. También eran los últimos con derecho a apuntarse en las actividades”, recuerda Koldo Arnanz, padre de Oihan. “Y todo esto por una pelea de bar con un tobillo roto”, lamentan los padres y madres.

Todo comenzó la madrugada del 15 de octubre, en ferias de Altsasu. Una pelea de bar que saltó a los medios de comunicación de todo el Estado. “Se hablaba de delitos terroristas y la noticia corrió como la espuma, sin ninguna base objetiva o ética periodísticamente hablando, es decir, sin haber realizado ningún contraste con diferentes fuentes, y sin ningún tipo de pruebas objetivas”, destaca Amaia Amilibia. “Por el contrario, en 2016 se produjeron 9.571 casos de atentado contra la autoridad, sus agentes o funcionarios. Ninguna fue calificada como tal, aunque en muchas las lesiones fueron incluso más graves”, incide.

Lo cierto es que cuatro días después de los hechos Covite presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional. Publicado el auto, seis de los ocho jóvenes identificados, cuyas fotografías fueron portada en un medio estatal, acudieron a declarar de manera voluntaria pero no pudieron hacerlo porque la jueza Mª Paz Benito no se encontraba de guardia. Pese a ello, con un gran despliegue policial, el 15 de noviembre la Guardia Civil detuvo a ocho jóvenes, que fueron trasladados a Madrid, dónde la jueza Lamela dictó prisión preventiva para seis de éstos por “riesgo de fuga”.

Tras una vista para analizar los recursos presentados por las defensas, el 20 de diciembre quedaron en libertad cuatro: Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Aratz Urrizola y Jonan Cob. Transcurrido año y medio volvieron a prisión, el 5 de junio del pasado año, cuatro días después de conocerse la sentencia. Fueron acercados a Zaballa, al Centro Penitenciario de Álava, entre agosto y septiembre del pasado año, al igual que Adur Ramirez de Alda, Oihan Arnanz y Jokin Unamuno, dispersos en tres cárceles madrileñas.

Juicio en la Audiencia Nacional

La Fiscalía pide 375 años

Con peticiones de penas de 375 años de prisión para los ocho jóvenes, entre 12,5 y 62,5 años por amenazas terroristas y lesiones terroristas, el juicio arrancó la segunda quincena de abril en la Audiencia Nacional y se alargó durante dos semanas y media. “A lo largo del juicio se observaron múltiples irregularidades y contradicciones en las declaración de los denunciantes”, recuerdan los padres y madres. “A ello se sumaba el hecho de que 53 testigos, tanto de la defensa como de la acusación, negaban la participación de los ochos encausados en los actos violentos que se les imputaba”. La sentencia se conoció el 1 de junio, con penas de entre 13 y 2 años, las máximas establecidas por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, pero, en contra del criterio de la Fiscalía, descartó que fueran de carácter terrorista. El Tribunal presidido por Concepción Espejel, casada con un alto mando de la Guardia Civil, aplicó los agravantes de abuso de superioridad y discriminación ideológica. La sentencia también consideró probado que los acusados actuaron “por animadversión a la Guardia Civil y por motivos ideológicos”.

Las condenas más altas, por atentado y lesiones, recayeron en Ohian Arnanz e Iñaki Abad (13 años), Adur Ramírez de Alda y Jokin Unamuno (12 años). Para Julen Goikoetxea, Jonan Cob y Aratz Urrizola fueron 9 años. A Abad y Arnanz se les condenó además por desórdenes públicos. La única mujer acusada, Ainara Urkijo, fue condenada a 2 años de prisión por amenazas y desórdenes públicos. Además, por vía de responsabilidad civil, debían indemnizar con 9.200 euros al teniente por lesiones y al sargento con 3.570 euros y a sus novias con 6.100 euros a cada una. Además, por las secuelas y daños morales, la sala fijó 45.000 euros para la novia del teniente y 25.000 euros para la pareja del sargento.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional confirmó el pasado 7 de marzo dichas penas aunque estimó parcialmente el recurso de Iñaki Abad rebajando cuatro años la pena al quitarle dos delitos de lesiones.

El Post-it

Solidaridad. Estos 1.000 días también han sido de una gran ola de solidaridad que se transformó en tsunami, con movilizaciones no conocidas en Navarra, como la manifestación de abril del pasado año, a las puertas del juicio, con unas 50.000 personas que salieron a la calle en Pamplona. Aún fueron más, unas 90.000, el 16 de junio, una vez conocida la sentencia. La última gran movilización fue el pasado 24 de marzo, en Altsasu, después de que fueran desestimados los recursos de la defensa.

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