Marcharse de España es una necesidad imperiosa.

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La sentencia es claramente una amenaza contra quien opte por la desobediencia civil en un contexto donde es más necesaria que nunca.

Koldo Durreit.— Hoy despertamos en esta Venezuela Bolivariana con una noticia que ya estaba cantada desde hace mucho, la condena a severas penas de cárcel para los líderes del movimiento independentista catalán por haber propiciado que su pueblo ejerciera un derecho tan elemental como decidir su futuro mediante la celebración de un referéndum. Algo que sería tan normal en cualquier país democrático se convierte en el Estado español en delito penado con condenas de prisión muy elevadas que además conllevan otras de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Un verdadero disparate que deja en claro el verdadero carácter del Estado heredero del franquismo que demuestra así que sigue sin sacudirse sus fantasmas en cuanto a respetar los deseos de los pueblos que aún, y por pura supervivencia esperemos que por poco tiempo, siguen sometidos a sus designios. Pero además, estas condenas injustas tienen una clara intencionalidad en un contexto donde la crisis territorial y de viabilidad institucional del Estado son más que evidentes. Es en primer lugar un clarísimo aviso a navegantes, sean catalanes, vascos, gallegos, canarios y demás, de que la sacrosanta unidad del Estado es dogma de fe, y que quien osare ponerla en cuestión será reo de una justicia que no vacilará en aplicar los más duros castigos a los infractores.

En segundo lugar, las condenas a quienes optaron por ejercer un derecho ciudadano de manera totalmente civilizada y pacífica, a pesar de las numerosas persecuciones, amenazas o incluso agresiones que sufrieron durante la celebración del referéndum y en días previos y posteriores, pone de manifiesto la falsedad de la clase política española en cuanto a que argumentaba que cualquier proyecto político era legítimo siempre y cuando no se usara la violencia. En Catalunya la única violencia se ha ejercido de la parte del Estado, intentando reventar el referéndum a golpe de represión policial, criminalizando a una gran parte de la sociedad catalana por su deseo independentista, ocupando militarmente espacios crecientes de esa sociedad, declarándole una guerra económica para convertir ese país en un desierto económico y culpar de ello al independentismo, lanzando una campaña mediática de una violencia sin precedente alguno en esa tierra para propugnar el enfrentamiento civil, deteniendo, criminalizando y encarcelando a los lideres y varios militantes del proceso y como guinda del pastel, con unas desproporcionadas condenas que como en el caso de los jóvenes de Altsatsu, reflejan más el verdadero rostro del Estado y de sus intereses que una supuesta aplicación de la justicia procesal y su fulana separación de poderes como ahora argumentan algunos impresentables de la clase política española.

Este Estado hace aguas por todos lados. La única argamasa que lo sustenta son los intereses de unas clases pudientes unificadas en torno al IBEX y sus voceros mediáticos, cada vez más dependientes de intereses transnacionales, una monarquía como entelequia histórica que quiere seguir manteniendo como vasallos a los ciudadanos, una clase política indigna y corrupta desideologizada que siempre encontrará lazos de unión en torno a las supremas razones de Estado y unas fuerzas armadas y policiales que jamás han sido despolitizadas ni recicladas donde la ideología imperial, anticomunista y franquista sigue siendo su principal seña de identidad. Junto a toda esa maraña, chupatintas de cualquier nacionalidad u origen, cultivadores del más sano regionalismo en caza de transferencias y descentralizaciones varias y siempre dispuestos a ser usados de bomberos ante cualquier incendio producto de la indignación popular o reivindicación de los pueblos que aún soportamos este Estado. Y como triste comparsa en este circo, como el payasito que se lleva todos los golpes, una dizque izquierda española sin signo de identidad propio quien, como ya he dicho otras veces, es el eterno participante incansable en la carrera a ninguna parte, incapaz de tener una propuesta diferente al dueño del changarro en cuanto a las demandas de los pueblos que resisten, aunque siempre haga uso de la retórica para aparecer diferente pero que nunca marca la diferencia en cuestiones de Estado.

La sentencia contra los dirigentes catalanes deja claro que la desobediencia civil es un delito. Incluso crea jurisprudencia al respecto y anuncia futuros movimientos represivos. Hoy aún en Euskal Herria nuestrxs presxs, refugiadxs, deportadxs y sus familias y amigxs sufren las políticas de venganza impuestas por el Estado por haber optado por la vía armada incluso diez años después de haberla abandonado y haber elegido la vía civil para la consecución de nuestros objetivos. Ahora el Estado quiere cerrar también la puerta a la desobediencia civil y a la lucha pacífica con este castigo desmesurado a Catalunya. Y entonces, que nos queda? Porque ni crean ni sueñen que vamos a tirar la toalla como boxeador noqueado y aceptar la situación como nos la plantean. El pueblo catalán nada más conocerse la sentencia ya está dando una respuesta y hoy mismo en Euskal Herria y seguramente en otras muchas partes del mundo seguiremos el mismo camino de denuncia y de firmeza. Este es nuestro destino y no renunciamos a ello muy a pesar que esta sentencia es claramente una amenaza contra quien opte por la desobediencia civil en un contexto donde es más necesaria que nunca.

La involución política y social del Estado está en marcha a pasos agigantados. La misma incapacidad de la clase política para atajar el supuesto bloqueo que sigue desembocando en continuas convocatorias electorales que no resuelven la cuestión de fondo, la crisis estructural del Estado nos está acercando a una etapa donde veamos a los políticos de todos los pelajes dejar definitivamente de lado sus “diferencias” ideológicas (aunque sean más bien de egos e intereses que propiamente políticas o ideológicas), para dar paso a formas de gobernanza unificadas, donde la única meta sea salvar a cualquier precio la existencia de un Estado centralizado y anti popular en torno a la figura de la monarquía decimonónica donde se vean suprimidas importantes garantías y derechos en aras de mantenerlo a cualquier costo. Hoy en día ya lo estamos viviendo, y la condena a los patriotas catalanes es buena muestra de ello.

Frente a esta situación solo nos queda seguir luchando y apostando por la creación de nuestras propias Repúblicas, que luego en base a la decisión soberana de cada pueblo establezcan las relaciones que más les convengan y sean la garantía de un poder ciudadano libre y soberano que desemboque en políticas sociales justas y solidarias, nunca sometido a intereses egoístas o ajenos a la sociedad y respetuoso y solidario con las personas y el medio ambiente. Esa es nuestra única garantía de supervivencia como pueblos, y la salida de este Estado putrefacto una necesidad imperiosa.

Toda nuestra solidaridad con lxs patriotxs catalanxs condenadxs. Visca Catalunya. Visca laTerra. Visca la Republica Catalana.

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