El periódico alemán Süddeutsche Zeitung ha sacado a la luz un informe de Europol donde la agencia policial de la Unión Europea advierte sobre la creciente violencia de la extrema derecha e insta a una mayor cooperación internacional para abordar una problemática que califica de primer grado.
Las organizaciones y grupúsculos ultraderechistas se están volviendo “cada vez más populares entre los percentiles demográficos más jóvenes”, en referencia a movimientos extremistas como Hammerskins, Soldiers of Odin, Combat 18 y Blood & Honor.
Según Europol, éstas y otras organizaciones han mostrado en los últimos tiempos un interés cada más intenso por la tenencia de armas y explosivos: “Están tratando de ganarse la simpatía de miembros de los servicios militares y de seguridad para aprender su experiencia en el área de vigilancia y preparación para el combate”, asegura el informe.
La agencia alerta sobre el aumento de las detenciones vinculadas al terrorismo de extrema derecha, y aunque las cifras oficiales son preocupantes, no reflejan el verdadero nivel de peligrosidad, ya que muchos países de la Unión no registran este tipo de ataques como terrorismo. La población musulmana, las personas LGBT, los refugiados solicitantes de asilo y los políticos son los objetivos prioritarios de los ataques.
Precisamente, el pasado 2 de junio, Walter Lübcke, presidente del Gobierno de Kasssel y miembro de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Angela Merkel fue asesinado en la terraza de su casa. Lübcke había defendido en reiteradas ocasiones la acogida de refugiados, circunstancia que la policía señala como móvil principal del homicidio. En el lugar del crimen se encontraron restos de ADN pertenecientes a Sephen E., un neonazi de larga trayectoria delictiva. Aunque en un primer momento reconoció ser el autor de los hechos, semanas después cambió de abogado y ahora se declara ante la justicia como inocente.
ALEMANIA ESTÁ IMBUIDA EN UN AMBIENTE DE VIOLENCIA CONTRA LOS ESTRATOS MÁS DÉBILES DE LA POBLACIÓN. LAS PINTADAS XENÓFOBAS, LAS MANIFESTACIONES CON SIMBOLOGÍA FASCISTA Y LOS ATAQUES SE HAN MULTIPLICADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Para los expertos, el asesinato de Lübcke era casi inevitable. Alemania está imbuida en un ambiente de violencia contra los estratos más débiles de la población. Las pintadas xenófobas, las manifestaciones con simbología fascista y los ataques se han multiplicado en los últimos años, mientras las fuerzas de seguridad se muestran impotentes para contener la creciente influencia de las organizaciones de extrema derecha que florecen en el país.
Una reacción similar experimenta la clase política, especialmente acentuada en el caso de la CDU. Los conservadores están inmersos en un declive electoral que les exige mantenerse en un peligroso equilibrio, entre la obligación de frenar el ascenso de la extrema derecha al mismo tiempo que se relacionan con sus representantes políticos para intentar cortar la sangría de votos.
Prueba de ello es la aparición de la ‘Werte Union’, una corriente dentro de la propia CDU que apuesta por medidas más restrictivas contra la inmigración y se muestran partidarios de alcanzar acuerdos con los neonazis de Alternativa por Alemania.
Infiltrados en la policía y el ejército
Especialmente preocupante resulta la ascendencia que los grupos de la extrema derecha están consiguiendo entre miembros de la policía y el ejército. En 2018, Ali Kocak, un dirigente local del partido de izquierda Die Linke sufrió un atentado en su barrio de Neukölln. “Quemaron mi coche, que estaba estacionado junto a nuestra casa en medio de la noche y por suerte me desperté y llamé a los bomberos. Si hubiera llamado cinco minutos más tarde, las llamas habrían alcanzado la casa y no habría podido salir de ella con facilidad”, asegura Kocak en declaraciones al periódico El Salto.
ESPECIALMENTE PREOCUPANTE RESULTA LA ASCENDENCIA QUE LOS GRUPOS DE LA EXTREMA DERECHA ESTÁN CONSIGUIENDO ENTRE MIEMBROS DE LA POLICÍA Y EL EJÉRCITO
Semanas después, gracias al trabajo de un grupo de periodista de la televisión pública RBB pudimos conocer que los servicios de inteligencia sabían que llevaba meses siendo vigilado por un grupo nenoazi, pero nunca informaron a Kocak. El político denuncia la existencia de redes de extrema derecha dentro de las instituciones del estado y ha solicitado la apertura de una investigación para aclara lo sucedido y dirimir posibles responsabilidades.
No es el único caso que vincula a miembros de las fuerzas de seguridad con movimientos extremistas. En julio de este año, unos periodistas de la Redaktions Netzwerk Deutschland informaban sobre la presencia de militares y policías en la ‘Nordkreuz’, una organización neonazi que se preparaba para llevar a cabo una serie de atentados en el llamado “Día X”. Defienden que Alemania está al borde de una guerra civil provocada por la presencia masivas de inmigrantes, cuyo objetivo es hacerse con el control de las instituciones y subvertir el estado de derecho. Cuando fueron detenidos hallaron en su poder una lista de nombres con 25.000 potenciales objetivos, además de armas y explosivos. Entre los arrestados figuran tres antiguos miembros de los comandos especiales de asalto y un policía en activo que habría aprovechado su cargo para robar munición de los almacenes policiales.
La misma suerte corrió un agente arrestado en Frankfurt el 25 de junio por su participación en las amenazas contra una abogada. La víctima recibió una serie de misivas firmadas con el seudónimo “NSU 2.0”, en referencia a un grupo terrorista que asesinó a una decena de inmigrantes y a un policía entre los años 2000 y 2007.
Por su parte, en las Fuerzas Armadas tampoco se han librado de las infiltraciones de este tipo de individuos. Especialmente llamativo es el caso de Franco A, un soldado que pretendía hacerse pasar por un refugiado sirio para perpetrar un atentado de falsa bandera. Cuando la noticia salió a la luz, la ministra de defensa anunció la apertura de una investigación para evitar la permeabilidad de ideologías extremistas dentro del ejército. Como resultado, 8 miliares fueron suspendidos, aunque todos permanecen en libertad.
También en España
El coronel de la Guardia Civil Rodrigo Sanz está imputado por supuesta pertenencia a una red criminal que vendía armas a grupos de extrema derecha, cobraba deudas con violencia y asesoraba a criminales para evadir la acción de la justicia española.
EL CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL RODRIGO SANZ ESTÁ IMPUTADO POR SUPUESTA PERTENENCIA A UNA RED CRIMINAL QUE VENDÍA ARMAS A GRUPOS DE EXTREMA DERECHA
Sanz, conocido con el alías de Rudolf era, según la investigación policial, el número 2 de una organización que contaba con dos ex guardias civiles, un funcionario del Ministerio de Defensa y un detective privado con un pasado nacionalsocialista.
En la cima de la pirámide estaba Jesús de G., un empresario con antecedentes por homicidio y amenazas, cuyo suministrador principal era Francisco C.M, un subteniente del ejército en la reserva que tiraba de su agenda de contactos para conseguir todo tipo de armas y munición.
La banda escondía el material en diferentes trasteros diseminados por la ciudad de Madrid. En uno de ellos, la policía encontró 24 kilos de explosivos, 12.500 cartuchos y decenas de armas de guerra.
Sus clientes potenciales eran importantes personalidades del submundo de la extrema derecha española, como un candidato de la Falange Española Independiente a las elecciones europeas al que Rudolf le vendió una ametralladora valorada en 5.000 euros.
El coronel aprovechaba su condición de Guardia Civil para filtrar información sensible de la base de datos del Instituto Armado, un trabajo por el que cobraba entre 500 y 1.000 euros. En una ocasión consultó la situación legal de un criminal al que después asesoró para huir de España, según se desprende de las grabaciones obtenidas gracias a los pinchazos telefónicos.
En su actividad delincuencial, Sanz planeó el transporte por carretera de 11 millones de euros que la policía vincula con un empresario de la noche valenciana y propietario de una empresa maderera relacionada con el tráfico de cocaína.
Tras ser detenido en el año 2015 y pasar 10 meses en prisión, el Coronel está en libertad con cargos a la espera de la celebración del juicio, donde tendrá que enfrentar cargos por organización criminal, tráfico y depósito de armas y municiones, tenencia de explosivos y riesgo provocado, descubrimiento y revelación de secretos, extorsión, falsificación de documentos y omisión del deber de perseguir delitos, entre otros.
