Las políticas ‘verdes’ estan en la raíz de las protestas populares en Chile y en otros países.

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Desde el inicio de las movilizaciones de los “chalecos amarillos” en Francia el año pasado, hasta la actual batalla campal en Chile, pasando por otras protestas parecidas, el hilo conductor es el mismo, el precio de los carburantes, la mayor parte del cual son impuestos y, por lo tanto, de eso que los economistas llaman “precios políticos”.

La situación actual del mercado mundial del petróleo se caracteriza por una bajada de los precios, mientras que el precio final de la gasolina sube en las estaciones de servicio porque los impuestos han aumentado para financiar las políticas verdes, ecologistas, de transición energética, de descarbonización, o como quiera que se llamen.

Los precios mundiales del petróleo son actualmente un 25 por ciento más bajos que hace un año y un 37 por ciento más bajos que hace cinco. Pero Chile quiere ser un país modélico en materia climática y ha sustituido el suministro de energía convencional del metro de la capital por fuentes de origen eólico y solar.

La bajada del precio del petróleo le podía haber permitido al gobierno bajar también el precio de los billetes del metro de Santiago, que están entre los más elevados del mundo, pero no ha sido posible a causa de los planes de transición energética.

Chile fue el primer país de América Latina en implementar impuestos verdes, uno de los cuales grava la compra de vehículos nuevos. “Como el precio de los coches eléctricos es muy elevado, elevamos también el de los convencionales para que no haya tanta diferencia y así se venderán más”, dicen los economistas.

Otros gravan a las calderas y turbinas para sustituir las viejas, aunque funcionen perfectamente, por otras que no sólo no pagan impuestos sino que tienen bonificaciones fiscales. No son otra cosa que ejemplos típicos de obsolescencia acelerada de los equipamientos industriales.

El gobierno de Piñera quería marcarse un punto porque Chile iba a ser el país anfitrión de la conferencia climática de la ONU prevista para diciembre, es decir, el gobierno no establece sus políticas en función de las necesidades de los habitantes de Santiago sino de las paranoias que orquesta la ONU en torno al clima.

Afortunadamente los levantamientos populares van a conseguir aclararnos mucho más que los debates científicos y seudocientíficos sobre los asuntos climáticos porque la población está tan esquilmada que no puede pagar ni un céntimo más de su bolsillo, por más que le guste reducir la concentración de CO2 en la atmósfera.

En Chile no sólo han pretendido subir el precio del billete de metro sino que hay un impuesto sobre el CO2, el gas maldito. La gente empieza a estar harta del saqueo por motivos verdes (o marrones) y el hartazgo se extiende a quienes figuran como patrocinadores: la ONU, el FMI, la OCDE, el Banco Mundial…

[Post data: desde que en 2014 se implementó el impuesto sobre el CO2, en Chile no ha habido ninguna reducción de las emisiones pero el Estado recauda más dinero que antes. ¿Qué se creían?]

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