viernes, febrero 28, 2020

El régimen chileno, a través de la Ley de Seguridad de Estado, inicia la cacería de Víctor Chanfreau y otros 33 estudiantes

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Este miércoles el gobierno, a través del Ministerio del Interior, amplió y precisó las querellas contra los estudiantes que participaron en el boicoteo a la PSU. Ayer el titular de Interior ya lo adelantaba: “Hemos iniciado un conjunto de acciones penales contra quienes causaron daños y destrozos, contra quienes atacaron a carabineros, contra quienes realizaron filtraciones y contra quienes incitaron o promovieron acciones que alteraron el orden público y afectaron el desarrollo de la PSU”.

Asimismo, dijo, se solicitó al Consejo de Defensa del Estado estudiar las acciones penales y civiles por los delitos y perjuicios causados.

Este miércoles el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, anunció que se presentaron otras seis querellas con relación al boicot realizado a la Prueba de Selección Universitaria durante este lunes y martes, informó La Tercera, acciones judiciales que se suman a otras 10 que fueron interpuestas el martes, totalizando así un total de 16 querellas, presentadas en contra de 34 personas.

Las acciones judiciales son graves, ya que el gobierno ha pedido invocar la ley de seguridad del Estado “por la incitación, lo promoción de la interrupción o afectación de un servicio de utilidad pública, que justamente lo que ocurrió tanto en los delitos de desórdenes como el llamado a interrumpir esta prueba”, indicó el subsecretario.

Galli afirmó que estas personas están identificadas, “con nombre y apellido”, y que “han cometido, o al menos hay hechos que podrían constituir delitos de desórdenes, agresión a Carabineros, barricadas incluso porte y lanzamiento de bombas molotov”, informa el diario.

Galli afirmó que en esta denuncia que presentaron ante el Ministerio Público, “están los dirigentes de las ACES que incitaron y promovieron la interrupción de la PSU”. Entre ellos, está incluido el vocero de la organización, Víctor Chanfreau. “Aquí lo que pretendemos es que aquellas personas que afectaron gravemente el derecho a acceder a la educación superior de estudiantes y que afectaron también a sus familias, familias de San Bernardo, de Quilicura, de Puerto Montt, de Copiapó, que vieron afectados este derecho. El compromiso nuestro es presentar las acciones judiciales e idealmente que el Ministerio Público investigue estos hechos y que si hay evidencia suficiente, sean sancionados duramente por la justicia”, cerró el subsecretario.

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