La Fiscalía Anticorrupción española ha solicitado penas de cárcel de hasta 29 años por diversos delitos de corrupción a ocho personas, presuntamente cometidos durante las ventas de material militar a Arabia Saudí a través de la empresa pública española Defex, disuelta.
El fiscal Conrado Saiz describe en su escrito de conclusiones cómo Defex pagó comisiones ilegales a diversas autoridades del régimen árabe entre 2005 y 2014, para obtener a cambio la materialización de los contratos.
El Ministerio Público lleva a cabo esta acusación en una de las piezas separadas del llamado ‘caso Defex’, que investiga once ventas ejecutadas en este periodo, y atribuye a José Ignacio Encinas Charro, presidente de la compañía pública hasta 2013, los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones internacionales.
Otras siete personas físicas y cuatro jurídicas, entre éstas últimas la propia Defex, se sentarán también en el banquillo de los acusados junto al expresidente.
