En plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.
La Red Agua Pública (RAP) demanda el apoyo a ayuntamientos y operadores públicos en su compromiso con la defensa del derecho humano al agua y al saneamiento, y denuncia la justificación de cortes de suministro y las modificaciones legislativas que promueve el lobby privado de los operadores de los servicios de agua para mantener sus beneficios.
La RAP pone de manifiesto la necesidad de promover y acometer la remunicipalización de los servicios privatizados para priorizar la función social y ambiental del agua.
Madrid, 21 de abril de 2020. La Red Agua Pública (RAP), en la que participa la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), rechaza y califica de egoísta, insolidaria y mezquina la actitud del sector privado que ha solicitado al gobierno reanudar los cortes de agua y ampliar la duración de sus concesiones. El pasado 3 de abril, el presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) envió una carta dirigida al gobierno donde se argumenta, sin aportar datos ni tener en cuenta que las medidas de los decretos ley emitidos en relación al suministro de agua son circunstanciales mientras dure la pandemia, que, en aras a mantener la sostenibilidad del servicio, es necesario poder realizar cortes en el suministro ya que, de lo contrario, (sic) se aumentará la morosidad a muy corto plazo ocasionando un déficit financiero estructural. También plantean la necesidad de modificar la duración de los contratos concesionales para poder asumir las pérdidas ocasionadas por la disminución del consumo que creen que se producirá por la crisis sanitaria; es decir, aprovechan la crisis sanitaria para pedir modificaciones legislativas, que afectan a la Ley de Contratos del Sector Público, no avaladas por datos sino tan solo por expectativas, evadiendo la transferencia de riesgos que está implícita en los contratos de concesión.
AGA, que junto con la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), conforman el lobby defensor de los intereses de las empresas privadas del agua en España, no ha dudado en aplicar la doctrina del shock, aprovechando la situación actual de crisis sanitaria, para intentar sacar provecho para sus intereses empresariales.
El 17 y el 31 de marzo, el Gobierno aprobó sendos decretos ley en los que se concretaban medidas extraordinarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por coronavirus, y específicamente las destinadas a garantizar, en este contexto, el suministro de los servicios públicos de agua. En el primer decreto ley (8/2020), se establecía la obligación de garantizar el acceso al agua a los colectivos con la condición de vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, mientras que en el segundo (11/2020), la obligación se ampliaba al conjunto de los hogares, mientras dure el estado de alarma, dado que la condición de vulnerabilidad es previsible que se amplíe sustancialmente.
Estas medidas son coherentes con el derecho humano al agua, que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social. Además, en plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.
Al contrario que el sector privado, los operadores públicos de agua han estado garantizando el suministro en las condiciones establecidas en ambos decretos ley adelantándose, incluso, a su aplicación en tanto que asumen las obligaciones del derecho humano al agua de respetarlo, protegerlo y cumplirlo.
En el contexto de crisis sanitaria, y ante la actitud de AGA, la RAP reivindica los puntos siguientes:
- Suprimir las vigentes limitaciones y condicionalidades a la gestión y financiación pública de los servicios de agua previstos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como paso previo a su derogación. Establecer nuevos enfoques y líneas de financiación que favorezcan la gestión pública de estos servicios públicos esenciales vinculados a derechos humanos
- Dotar de financiación suficiente a todos los servicios públicos, en particular la sanidad y los servicios de agua, intrínsecamente relacionados al tener ambos la consideración de derechos humanos y, como se pone continuamente en evidencia durante la pandemia, ser garantes del mantenimiento de la salud humana
- Facilitar procesos de remunicipalización que asuman la gestión no lucrativa, pública, transparente y con rendición de cuentas acorde con el paradigma definido por el marco conceptual del derecho humano al agua
- Tras diez años del reconocimiento del derecho humano al agua por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, es necesario reconocerlo y regularlo formalmente, con objeto de que no se manipule su alcance y contenido en relación con sus criterios y principios definitorios, y específicamente los relativos a la no discriminación, universalidad, asequibilidad y disponibilidad, con la expresa prohibición de cortes de suministro.
* Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.
