Elementos clave para una lucha coherente por la Sanidad Pública

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En estos días de shock y caos en los que estamos sumidos, se ha ido defendiendo cada vez más la idea de que se está haciendo “todo lo que se puede” para contener al virus. Se trata de un intento de excluir todo tipo de responsabilidad por parte del Gobierno y así quitarse la culpa de lo que está sucediendo.

El 14 de marzo se anunciaba el Real Decreto 463/2020, por el que se establecía el Estado de Alarma y se impulsaba la intervención de la Sanidad Privada. Sin embargo, esta intervención, por lo que hemos podido comprobar, ha sido muy limitada y defectuosa. Mientras la Sanidad Pública estaba saturada y se disponía a levantar infraestructuras provisionales, la ASPE (La Alianza de la Sanidad Privada Española) declaraba que disponían de 2.200 camas UCI sin utilizar, más de 2000 respiradores (sabiendo que se están ventilando muchos pacientes críticos con insuficiencia respiratoria aguda y SDRA con equipos de ventilación mecánica que no son los apropiados, o incluso pudiéndose llegar a utilizar máscaras de buceo como reemplazo a los respiradores), y numeroso personal sanitario para emplearlo en la lucha contra el COVID-19 si el Gobierno lo necesitaba. La Sanidad Privada pretende aprovechar estos días para remarcar la completa disposición de ésta para “el bien común” y así hacer marketing y justificar la paulatina privatización que se ha ido produciendo estos años (a la vez que la ASPE reclama la financiación del 75% de su facturación), también es cierto que el Gobierno se lo está dejando en bandeja.

Aunque estos datos informan de los últimos días y ofrece una visión de la táctica que está tomando cada uno, no dejan de ser volátiles y sujetos a los numerosos cambios que se producen en esta situación, por lo que no deja ver la raíz del problema.

¿CUÁL ES LA RAÍZ DEL PROBLEMA?

El problema que ha causado que nuestra Sanidad pública esté cada vez más moribunda y se haya visto desbordada frente a la epidemia son mayoritariamente dos:

  • La Ley 15/97 y el Artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que abren las puertas a la gestión privada en centros sanitarios públicos, incrementando el número de conciertos, contratos y convenios con empresas privadas. Esto supone la búsqueda del máximo beneficio dentro de la Sanidad, lo que concluye en una mercantilización de pacientes, privándolos de ésta cuando supongan un estorbo (costos mayores). Dicha Ley ha posibilitado que ahora contemos con 460 hospitales privados en España, alrededor del 60% del total de hospitales (públicos y privados) en el país. Además, en relación con el peso del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total, España es uno de los países en donde es más elevado (28,8%), posicionándose por encima de los principales países de nuestro entorno como Francia (17,1%) o Alemania (15,4%).
  • La Deuda pública contraída con la Unión Europea tras el rescate a la banca, fruto de la crisis financiera que se produjo en 2008. La causa fundamental fue la transferencia masiva de fondos públicos(más de 200.000 millones de euros) puestos a disposición de la banca privada, con el pretexto de evitar su quiebra. Esta Deuda, que en 2019 ascendió a 1.188.862 millones de euros, y que supone el 96% del PIB, es decir, de todo lo que producimos en el país en 1 año. Es preciso puntualizar que la deuda pública en 2007 era del 37% del PIB. La Deuda no deja de aumentar cada año y resulta imposible de pagar, precisamente porque además de ilegítima (sus verdaderos creadores son los grandes bancos) es un auténtico chantaje que sirve para justificar privatizaciones, recortes y reformas laborales contra nuestro pueblo. El pago de esta deuda es la que ha provocado que hoy por hoy los trabajadores de la sanidad no dispongan de medios y se hayan privatizado innumerables sectores. Es la responsable por ejemplo de que Alemania tenga 29,2 camas de UCI por cada 100.000 habitantes frente a las 9,7 de España.
  • El Artículo 135 de la Constitución Española, que fue modificado por el PSOE y el PP en el 2011, y que en su apartado tercero dice “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Este artículo garantiza así el pago de la deuda pública (la cual está mayoritariamente conformada por la contraída con la UE, como hemos visto), priorizándola antes que cualquier gasto público (Sanidad, Educación…). El resultado de esta modificación es que ninguna Administración puede negarse a anteponer los intereses sociales a los financieros, o lo que es lo mismo, se está dotando de un auténtico privilegio los intereses del capital financiero por encima de los de la mayoría, y ya hemos visto lo que pasa cuando se quiere proteger a éstos; recortes, privatizaciones, precariedad laboral…

Aunque el Gobierno se quiera quitar la culpa de los procesos de recortes sufridos hasta su llegada, y de su voluntad de impulsar políticas que favorezcan la igualdad y la equidad en el acceso de servicios públicos elementales, lo cierto es que resulta IMPOSIBLE llevarlas a cabo sin cuestionar estas dos problemáticas, y ni siquiera se ha nombrado nada al respecto, cuando las organizaciones en defensa de la Sanidad Pública llevan años pidiendo la derogación de la Ley 15/97 y luchando por el no pago de la Deuda.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS?

Las consecuencias por no haber revertido la situación y no haber podido fortalecer la Sanidad Pública las estamos viviendo hoy. Donde antes “solo” se veía una Sanidad Pública agonizando, hoy se traduce en muertes, miles de muertes. Por supuesto, no se está asegurando que con una Sanidad Pública fuerte se podría haber hecho totalmente frente a una epidemia de tal calibre (lo cual sería arrogante), pero sí que se podrían haber evitado miles de muertes. Muertes que no son simples números estadísticos. Estos días se están produciendo numerosas actuaciones éticas en las que el personal sanitario tiene que elegir a quien deja vivir y a quien deja morir, normalmente relacionado con los años que éste tenga (priorizando la escasez de material sanitario al paciente al cual decide salvar). Esto no es nada nuevo, se lleva utilizando mucho tiempo cuando hay verdadera carencia de material. Sin embargo, en este caso concreto la falta de éste se ha debido a que ni los Gobiernos de antes ni el de ahora han decidido hacer nada frente a la oleada de recortes impuesta por la Deuda de la Unión Europea. Ahora más que nunca se entiende la consigna de “Los recortes y las privatizaciones matan”.

Ahora bien, la crítica por sí sola se queda vacía cuando no se plantean soluciones y alternativas a esta situación, por lo tanto…

¿QUÉ DEBEMOS EXIGIR?

Entre nuestras exigencias deben estar sí o sí:

  • La expropiación definitiva de la Sanidad Privada. La actualidad ha puesto de manifiesto la ineficacia de ésta frente al interés común. Solo una Sanidad Pública, universal, de calidad, accesible y redistributiva podrá sacarnos a todos de las situaciones más críticas.
  • Intervención de las empresas relacionadas con el material sanitario para poner todos los recursos que sean necesarios a disposición de la sanidad pública (producción farmacéutica, de ventiladores respiratorios…)
  • Un sistema de salud planificado integralmente en función de las necesidades de salud, con participación de la población, y centrado en la prevención de la enfermedad.
  • La negativa al pago de la Deuda. Solo el pago de los intereses de la Deuda ha supuesto ya 31.400 millones al año, 86 millones de euros al día. Recursos que podrían destinarse a rescatar a la Sanidad Pública.
  • La consiguiente salida de la UE. Se ha demostrado una vez más que la política que manda en este marco es el “sálvese quien pueda” y el “solo sobrevive el más fuerte” abandonando a su suerte al país que suponga un estorbo.

Ya no vale salvarse mediante el derrotista “hacemos todo lo posible”, todas estas medidas están perfectamente a mano del Gobierno. Si quieren actuar de verdad y priorizar la Sanidad Pública, se deben cuestionar estos temas; mientras no se haga, seguirán tratándose de consignas vacías de contenido y carentes de voluntad real. Por consiguiente, es necesario recalcar que serán realmente éstas las exigencias que irán justo al problema y lo arrancarán de raíz. Evitemos consignas que nos darán pan para hoy y hambre para mañana.

Para lograr que se realicen las medidas anteriormente expuestas, se deben UNIFICAR todos los movimientos de lucha, ya que lo que ocurra en el sector sanitario no solo afectará a éste, sino que será la piedra angular de todas las -todavía más- precarizaciones que ya se están produciendo en todos los sectores laborales y que aumentarán sin duda cuando salgamos de esta pandemia. En consecuencia, se vuelve a destacar que solo un movimiento de lucha FUERTE, UNIFICADO y con las consignas claras podrá hacer frente a los continuos ataques que viene sufriendo ya desde hace años la Sanidad Pública.

Por lo tanto, si queremos lograr que no haya MÁS MUERTOS EVITABLES, que cuando acabe esta crisis se trabaje en serio para terminar con las listas de espera (que se dispararán brutalmente), que se desarrolle una investigación científica con grupos autónomos de investigadores, no ligados a empresas, trabajando orientados hacia las necesidades de la población, conjuntamente con la farmacia socializada, tendremos que reclamar:

DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97 Y DEL ART.90 DE LA LGS. TODA LA SANIDAD A MANOS PÚBLICAS.

POR UNA INDUSTRIA SANITARIA Y FARMACÉUTICA PÚBLICA.

FUERA LAS EMPRESAS DE LA SANIDAD.

SANIDAD PARA TODOS SIN EXCLUSIONES.

ATENCIÓN DIGNA PARA NUESTROS ANCIANOS.

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