Un ingreso mínimo es una medida necesaria en la coyuntura en la que nos encontramos, entendiéndola casi en términos de un “plan de ayuda humanitaria” para sectores del proletariado en condiciones de graves privaciones e incluso en situaciones de hambre.
En este sentido, entendemos como positiva la puesta en marcha de un plan de estas características. Respecto a su financiación -algo fundamental- Pablo Iglesias apuntó bien cuando señaló que el Estado español en su conjunto, tiene el margen de maniobra del 7% de presión fiscal inferior a la media de la Unión Europea y casos como los de la Comunidad Autónoma de Madrid, transformados por la gestión del Partido Popular en verdaderos paraísos fiscales, promoviendo la emigración de sedes de empresas allí, es algo que debe ser tomado en cuenta.
Porque seamos claros, los 3000 millones que estima el gobierno que costará este Ingreso Mínimo, para empezar nos parece un cálculo bastante optimista, pero sin una reforma fiscal radical y sin un control de los movimientos de capital hacia paraísos fiscales, esta medida para empezar es inviable sostenerla a medio/largo plazo, tal y como son las pretensiones del gobierno.
Sobre el papel una renta de ingresos mínima, aparece como una medida ciertamente avanzada, “de izquierdas”, y desde luego la reacción de la derecha, lo hacen parecer aún más con sus planteamientos aporofóbicos, de quienes no han conocido la privación, ni problemas tales como no poder llegar a fin de mes. De ahí que hablen de “la paguita” de manera despectiva, con el típico planteamiento ideológico de fondo que relaciona pobreza con fracaso personal y el asistencialismo, como promoción de vagos y maleantes.
Pero desde nuestra perspectiva, el debate no está en si apoyamos que miles de familias puedan comer o no, pues la respuesta es obvia y no admite debate. El debate reside en que con una renta básica, un ingreso mínimo garantizado o de la forma que se denomine, se está dando por hecho algo que está quedando en un segundo plano, como es que nos aproximamos a un modelo de capitalismo que no tiene capacidad de integrar a un sector del proletariado a la economía mediante un trabajo que le permita reproducir su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Ya desde la anterior crisis del 2008, la población que vive por debajo de la línea de pobreza ronda el 25%. Cierto es que el impulso económico del año 2014 y la creación de empleo precario, mejoró las estadísticas, pero cada vez resulta más evidente que en todas las socidedades capitalistas centrales, en mayor o mnor grado, se va a cronificar la pobreza entre un sector del proletariado y que su única forma de existencia, no va a ser otra que el asistencialismo. El progreso tecnológico, la sobreacumulación y un estancamiento de las demandas efectivas, elevan el paro estructural y la tendencia a la baja de los salarios en los sectores en los que la fuerza de trabajo es más intensiva que el capital.
El trabajo es una obligación social, colectiva y la única solución la entendemos en términos de reducciones de la jornada laboral preservando los salarios reales, ya sea de manera directa (jornal) o indirecta, con unos servicios públicos gratuitos y de calidad, mediante la eliminación de impuestos indirectos sobre productos básicos de la “cesta de la compra”, o reduciendo el precio y las ganancias de los emporios energéticos, mediante intervención y control estatal.
Pero en esta coyuntura, insistimos en que esta renta de ingresos mínimos es una necesidad humanitaria, insuficiente pero con la que debemos confrontar ideológicamente con la derecha y la ultraderecha, contra su neoliberalismo “asistencialista” a base de comida basura para alimentar a niñas y niños, cuyas familias no pueden garantizar su alimentación, contra su clasismo y desprecio hacia los sectores más vulnerables del proletariado. Pero debemos comenzar ya a preparar la batalla en torno a la consigna “repartir el trabajo, para trabajar todas y todos”, porque esa es la verdadera batalla en la que podemos estar en condiciones de transformar las correlaciones de fuerzas.
