El partido FARC denunció el 6 de junio el asesinato de 3 personas cerca del Espacio Territorial para la Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz, en el municipio de Ituango del Departamento de Antioquia.
Desde el movimiento señalaron que dos familiares de los excombatientes guerrilleros —Camilo Suserquia Durango, de 15 años, y Carlos Barrera, de 17— y el conductor del bus en el que se desplazaban fueron “asesinados por los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio, bajo la mirada tolerante de las diversas autoridades civiles y militares”.
“Estos asesinatos se producen en el ambiente generado desde la última amenaza de los actores armados, que estableció 7 días para que saliera la fuerza pública del ETCR o se desplazara la comunidad en proceso de reincorporación y campesinos de Santa Lucía”, reza un comunicado del partido. Desde entonces, “los firmantes de la paz han tenido que confinarse forzosamente al ETCR esperando que el Gobierno nacional resuelva la tierra para la reubicación de esta comunidad”, precisó el texto, añadiendo que, sin embargo, “el Gobierno, como en los demás puntos de la paz, ha incumplido con su compromiso de garantizar el acceso a tierra, a pesar de que se comprometió desde hace 4 meses resolver el traslado de reincorporados de Ituango”.
Dos menores, familiares de firmantes de la paz, asesinados en Ituango, Antioquia, muestra la indolencia gubernamental ante el desangre nacional. #QuePareElExterminio pic.twitter.com/0zWNYKPLy3
— Pastor Alape Lascarro (@AlapePastorFARC) June 7, 2020
“Es hora que el Gobierno pare el exterminio contra los firmantes de la paz”, destacó.
Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia y Representante Especial del Secretario General de ese organismo en el país, condenó el asesinato en Ituango y destacó que la situación en la región “requiere medidas concretas y urgentes para proteger a la comunidad y quienes siguen comprometidos con su proceso de reincorporación”.
