Ayer Trump volvió a subir el tono contra el Tribunal Penal Internacional, anunciando sanciones económicas para disuadir a sus magistrados de acusar a los militares de Estados Unidos por los crímenes cometidos en la Guerra de Afganistán.
“El presidente ha autorizado sanciones económicas contra los funcionarios del Tribunal Penal Internacional que participen directamente en cualquier esfuerzo de investigación o enjuiciamiento de personal militar estadounidense sin el consentimiento de Estados Unidos”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
“No podemos quedarnos quietos mientras nuestros chicos son amenazados por un Tribunal falso, y no lo haremos”, añadió Mike Pompeo, que apareció ante la prensa junto con sus colegas de defensa y justicia y el asesor presidencial de seguridad nacional, en una demostración de fuerza ante los medios.
Fue una respuesta directa a la decisión de apelación de marzo de un tribunal de La Haya (Países Bajos) de permitir una investigación de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad en el Afganistán, a pesar de la oposición de Estados Unidos.
En su momento Pompeo denunció la decisión como “poco meditada”, sobre todo porque se produjo sólo unos días después de la firma de un acuerdo histórico entre Estados Unidos y los talibanes afganos.
La investigación solicitada por la fiscal del Tribunal, Fatou Bensouda, se centra, entre otras cosas, en las atrocidades presuntamente cometidas por soldados estadounidenses en el país asiático, donde Estados Unidos ha librado la guerra más larga de su historia desde 2001. También se han hecho alegaciones de tortura contra la CIA.
“Este ataque contra el Tribunal Penal Internacional tiene como objetivo negar la justicia a las víctimas de graves crímenes en Afganistán, Israel y Palestina”, dijo Andrea Prasow de Human Rights Watch. “Los países que apoyan la justicia internacional deberían oponerse públicamente a este flagrante intento de obstruirla”.
Los jueces del Tribunal Penal Internacional se negaron inicialmente a comenzar la investigación tras unas amenazas sin precedentes de sanciones por parte de Washington, que no es miembro de esta jurisdicción, a diferencia de Kabul.
Trump también autorizó el jueves la extensión de las restricciones de visado contra sus funcionarios y sus familiares. El visado de la fiscal Bensouda ya había sido revocado tras las primeras amenazas de sanciones estadounidenses.
El Tribunal Penal Internacional, encargada de juzgar los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, aseguró que estaba “comprometido con el ejercicio independiente e imparcial de su mandato” y que “actuaba estrictamente dentro del marco jurídico definido por el Estatuto de Roma”.
Este tratado entró en vigor en 2002 y desde entonces ha sido ratificado por más de 120 países.
La Casa Blanca recordó que ha rechazado repetidamente los intentos del Tribunal de extender su jurisdicción a los militares estadounidenses.
“Las acciones del Tribunal Penal Internacional constituyen un ataque a los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con invadir nuestra soberanía nacional”, dijo la Casa Blanca, denunciando la “corrupción” en los “niveles más altos” del Tribunal, incluso dentro de la oficina del fiscal.
La feroz oposición de Washington también se refiere a las investigaciones contra Israel, que podrían ser objeto de investigaciones por crímenes de guerra en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza.
El Ministro de Justicia Bill Barr acusó a “potencias extranjeras como Rusia” de “manipular” al Tribunal “para servir a sus propios intereses”. Según el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Robert O’Brien, estas “manipulaciones” extranjeras tienen como objetivo específico “alentar” el enjuiciamiento de los militares estadounidenses en Afganistán.
“Estados Unidos seguirá utilizando todos los medios necesarios para proteger a sus ciudadanos y a nuestros aliados de acusaciones injustas”, advirtió la Casa Blanca.
