Un juez ordena la busca y captura de un apestado para imponerle el confinamiento forzoso

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La ley marcial no ha acabado, ni acabará nunca. Ha llegado para quedarse. No nos confundamos. Un juez ha avalado, por primera vez, la localización y aislamiento obligatorio de un vecino contagiado de A Coruña. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela ha ratificado la medida adoptada por la Consellería de Sanidade ayer por la que se acuerda la medida «con la finalidad de que se le aplique la medida sanitaria correspondiente, hasta que deje de representar un riesgo para la salud pública, dependiendo su prolongación del dictamen del Servizo de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela».

Es el Estado de Desecho en vivo y en directo: un juez que carece de competencias en materia penal, impone una pena de reclusión por tiempo indefinido, sin juicio y sin posibilidad de defensa.

La persona fugada fue diagnosticada el pasado domingo “y habiéndose indicado por las autoridades sanitarias el aislamiento en su domicilio, no se encuentra en el mismo”. Pero, como ocurre en estos casos, el juez actúa amparado por el aval de un “experto”, en este caso un médico forense con menos luces que un farol apagado.

El forense ha emitido un informe al Juzgado en el que se expone que el apestado es “peligroso” para sí mismo y para otros, por lo que ordena su confinamiento forzado.

En su auto, el magistrado destaca que la decisión adoptada por la autoridad sanitaria tiene “suficiente amparo legal” porque defiende la salud pública, la integridad física y la salud de la población en general.

Cuando imponen recortes económicos en sanidad, se olvidan del derecho a la salud, que sólo reaparece para acabar con los derechos más elementales.

Las órdenes de busca, captura y confinamiento de los apestados está amparado por las leyes sanitarias, al margen de que el estado de alarma esté o no en vigor, y cuentan con el apoyo de los médicos forenses, los fiscales, los jueces y, naturalmente, los policías.

Antes de que se promulgara el estado de alarma, los jueces de lo contencioso-administrativo ya impusieron el confinamiento forzoso de los 70.000 vecinos de Igualada. Nadie pudo entrar ni salir de la población.

Dentro de poco habrá recompensas para quienes capturen a los apestados, los encierren en sus casas y tiren la llave por la alcantarilla, hasta que el juez crea que ya no hay problemas de salud pública.

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