La Confederación General del Trabajo (CGT) ha hecho llegar al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos sus propuestas para la modificación de la ley de Memoria Histórica de 2007. Según la organización anarcosindicalista, la actual ley de Memoria Histórica de 2007 no aborda determinadas cuestiones, que son muy importantes para lograr verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Entre estas propuestas, desde la Coordinadora de Memoria Libertaria de la CGT señalan que es urgente promulgar la nulidad de todas las sentencias dictadas por los tribunales franquistas, puesto que no es suficiente declarar los tribunales como ilícitos, sino que también se debe producir una restitución de la honorabilidad de quienes fueron condenados por los mismos. Del mismo modo, desde la CGT no comparten la diferenciación entre víctimas por año de fallecimiento porque todas las personas a las que les arrebataron la vida tienen el mismo valor. Es igualmente importante que el acceso a los archivos sea una realidad para que las investigaciones pendientes sobre lo ocurrido se puedan llevar a cabo. Del mismo modo, CGT considera que está pendiente el reconocimiento de las obras y trabajos que realizaron aquellas personas presas del franquismo, tales como carreteras, pantanos, construcción de edificios, etc., sin dejar atrás a las empresas –algunas de las cuales siguen hoy activas- que se lucraron gracias a mano de obra esclava durante todos estos años.
Por otro lado, CGT propone la creación de un banco de AND para facilitar la localización de los restos de familiares represaliados y asesinados durante años, la creación de grupos de profesionales que certifiquen las exhumaciones que se lleven a cabo y puedan trabajar con garantías de poder realizar su trabajo correctamente, y por último garantizar la posibilidad de emprender las investigaciones pertinentes sobre delitos contra la Humanidad que permanecen impunes gracias a la ley de Amnistía.
En último lugar, CGT señala que una ley “efectiva” de Memoria Histórica tiene que contar con una dotación económica suficiente y que este presupuesto no sea una chantaje con cada cambio de Gobierno, como ha ocurrido en otros momentos y lugares, como en Andalucía desde que la Junta está en manos de la extrema derecha.