Sobre el Plan de rescate y sus consecuencias

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Kike Parra.— Igual que ocurrió en el año 2008, la vieja socialdemocracia aposentada en el gobierno de España se encuentra con la misión histórica de gestionar la crisis económica del capitalismo, esta vez en coalición con la nueva versión de ella misma. Lo hará como entonces, de la forma menos gravosa y más beneficiosa para los intereses de la oligarquía.

Pedro Sánchez, como máximo representante del ejecutivo y siguiendo los pasos de Fausto, ha vendido a la Unión Europea, en el papel de Mefistófeles, las almas de las y los trabajadores del Estado Español que ingenuamente pusieron sus esperanzas de cambio en esta mal llamada izquierda.

El presidente del gobierno, como si se tratara de un presentador televisivo, anunció la lluvia de millones. 140.000 millones de euros para la recuperación tras la crisis de la covid-19. La mitad aproximadamente a fondo perdido. Tan perdido como nuestra capacidad para desarrollar políticas económico-sociales propias y sin injerencias de Bruselas.

En este contexto, no es de extrañar que el propio Pedro Sánchez mencionara sin sonrojarse en rueda de prensa que el acuerdo era «un auténtico Plan Marshall”, reafirmando así, de forma inequívoca, su alineación con el proyecto imperialista, esta vez, de la UE.

Y al igual que en la historia de Fausto, donde los “placeres mundanos”, que se obtienen pactando con el diablo, tienen un alto precio, España deberá asegurar a través de un Plan, la recuperación y la resiliencia de su economía; es decir, deberá someterse a los dictámenes de Bruselas y de sus “recomendaciones”.

De entrada, podemos olvidarnos de aquellas promesas que lanzó la coalición gobernante como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. Europa en esta materia pide contención y vincula el SMI al aumento de la productividad. Ello, en un escenario que ya es de recesión oficial en medio mundo.

Precisamente, incrementar la productividad es otro de los objetivos marcados para España. Entre las causas de la baja productividad, la UE apunta al reducido tamaño de las empresas. La solución: fomentar su crecimiento. Es decir, fortalecer los monopolios y la fagocitación de la estructura empresarial. Otro empujón a la aceleración de la concentración de la producción y centralización del capital.

También diremos adiós definitivamente a la retórica pretensión gubernamental de derogación de la reforma laboral de 2012. Su mantenimiento es otra de las exigencias de Bruselas. Y por si eso fuera poco, vuelven los ecos de la reducción de las indemnizaciones por despido, los incentivos a la contratación y los condicionantes para el cobro de prestaciones; en definitiva, se trata de apuntalar a los monopolios. Eso que eufemísticamente llaman “políticas activas de empleo”.

La austeridad en el desempeño del gobierno es otro de los elementos del acuerdo firmado. Olvidémonos también del gasto público. La Comisión “recomienda” a España que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 0,9%. La austeridad es esa herramienta que permite que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez más amplia.

Unido a esta cuestión y en contra de lo cacareado por la coalición de gobierno… reducción de  impuestos directos e incremento de los indirectos, defenestrando aún más el principio de progresividad de los tributos.

Y por último, omitiendo por espacio otras cuestiones, mencionar el erre que erre con el tema de las pensiones. Según Bruselas, se trata de asegurar la sostenibilidad de las mismas. Ni derogación de la reforma de 2013, ni nada que frene los planes de su futura capitalización.

Para consuelo de tontos, saber que hay versiones moralizantes del mito de Fausto en el que el diablo es burlado, pero mejor apostar por recuperar el alma de la lucha en la calle, antes de que Mefistófeles se cobre la contraprestación pactada.

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