Nueve jóvenes que estaban detenidos en una estación de la Policía del municipio colombiano de Soacha, al sur de Bogotá, murieron en un incendio que se desató en una celda, denunció este martes el concejal de la ciudad capitalina Diego Cancino, quien calificó los hechos de «criminalidad policial».
El siniestro ocurrió el 4 de septiembre en la estación de San Mateo, y esa «masacre» no ha sido publicada «de manera suficientemente contundente y las investigaciones no se han dado», publicó Cancino en su cuenta de Twitter junto a un video de lo ocurrido. Según afirmó, en el lugar había unos 20 jóvenes, quienes estaban siendo torturados y a sus familiares no se les permitía el ingreso para visitarlos.
🔴Denuncia🔴El 4 de sept. Soacha vivió un escena dantesca en la estación de Policía de San Mateo,allí murieron 9 reclusos a causa de un incendio. Al parecer los policías que se encontraban, no tomaron ninguna medida para frenar la tragedia. (1/2) pic.twitter.com/F9bufvC2e0
— Diego Cancino – Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) November 10, 2020
De acuerdo con el concejal de Alianza Verde, quien cita a testigos y familiares de las víctimas, uno de los retenidos prendió fuego a una cobija y la llama se intensificó rápidamente con un artefacto lanzado a la celda por un oficial. «Se salieron los policías y dejaron a los chicos encerrados, no dejaban entrar a nadie, los extintores no los dejaron usar, los chicos se quemaron«, manifestó.
«Una hoguera humana»
«Esto es completa y absolutamente escabroso, intolerable. La Policía es cómplice y quizás es agente de un asesinato masivo, de una hoguera humana», condenó Cancino en una segunda publicación, exigiendo justicia a la Procuraduría y Fiscalía, así como una reforma policial.
Reuters informa que la Policía admitió el incendio y la muerte de ocho personas detenidas, pero aseguró que los efectivos que se encontraban en el lugar procedieron a apagar las llamas, prestar primeros auxilios y trasladar a los heridos a hospitales.
La Policía de Colombia enfrenta duras críticas y acusaciones de abusos por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes, que desde noviembre del año pasado se intensificaron tras la muerte de un adolescente herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un oficial antidisturbios.
