Que los ciudadanos canalicen sus inquietudes con las instituciones correspondientes en un estado socialista de derecho, como Cuba, no es ilegítimo.
Lo que debe evitarse es que personas o grupos de espurios intereses monopolicen las agendas y se erijan como paladines de la sociedad civil.
Mucho menos debe suceder que esas personas o grupos fusionen sus pretensiones particulares con aspiraciones de la colectividad social, para absorber en provecho propio las fuerzas y energías de la multitud.
