Los militares han estado bien presentes durante gran parte de la pandemia. No sólo el lenguaje bélico de la «guerra» contra el coronavirus. Tampoco por el reciente ruido de sables en grupos de WhatsApp. Durante dos meses, llegaron cada día a los hogares de todos los españoles a través de la televisión, desde la sala de prensa del Palacio de La Moncloa. El Gobierno volcó al Ejército, especialmente desde la Unidad Militar de Emergencias (UME), a combatir la pandemia dentro de sus posibilidades: desinfectar residencias y grandes infraestructuras. Sin embargo, más allá de la Operación Balmis, las Fuerzas Armadas no han detenido su actividad ordinaria. Basta echando una ojeada al gasto militar del Estado español, que a pesar del virus se ha disparado al alza.
Por una parte, tenemos los presupuestos del Estado, que plantean un incremento de recursos para el Ministerio de Defensa de cara al año que viene, inédito en tiempo de pandemia. Por otra parte, las adjudicaciones del Estado no se han detenido ni siquiera bajo el estado de alarma, sino que han continuado como si fuera un año normal y corriente. ElNacional.cat ha analizado detenidamente las licitaciones publicadas en el Portal de Contratación del Estado. Es decir, el gasto que se ha firmado este año. Incluyen nuevos programas especiales de armamento por importes multimillonarios.
El caso de los presupuestos es especialmente sintomático. El año que viene, gracias a las cuentas públicas aprobadas por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Defensa dispondrá de 400 millones de euros más, pasando de los 8.642 millones de este año a los 9.072 millones de euros. Eso supone un incremento de las partidas de casi el 5% (similar a la subida del presupuesto de la Casa Real). Y la cifra global se eleva hasta los 10.499 millones de euros si se tienen en cuenta las transferencias de otras administraciones y otras entidades estatales. Incluso contará con 25 millones de euros del plan de recuperación de la Unión Europea para el coronavirus. La mayor partida es la de personal, con 5.240 millones de euros, seguida de los programas especiales de armamento, con 2.341 millones de euros.
Más de 200 contratos
Pero en realidad el año que viene se seguirá la misma tónica que este 2020 pandémico, que no ha servido para cortar el grifo al Ejército. Es cierto que las Fuerzas Armadas tuvieron un papel —más o menos importante— en las tareas de la lucha contra el coronavirus. No obstante, el gasto estrictamente militar no se ha detenido, si se analizan los contratos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.
En este análisis sólo se han seleccionado los contratos del Ministerio de Defensa —y los organismos que dependen— de las siguientes cinco categorías: armas, munición y sus partes; vehículos militares y sus partes; buques de guerra y sus partes; aeronaves militares, misiles y naves espaciales, y sistemas electrónicos militares. De esta forma se han excluido contratos que no tienen que ver directamente con armamento o productos de guerra. También se han dejado fuera los servicios.
Así, durante los últimos nuevos meses, desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo hasta este viernes 11 de diciembre, el Ministerio de Defensa ha licitado más de dos centenares de contratos por un valor de 2.564 millones de euros en estos conceptos. De este total, 2.495 millones de euros ya han sido adjudicados. Si se compara, el incremento de adjudicaciones es de un 43,7% respecto del mismo periodo del año pasado, cuando se situó en 1.736 millones de euros. Algunas pocas licitaciones que se paralizaron inicialmente por la pandemia… Se reactivaron después de la primera ola. Solo algunos ejemplos de los contratos adjudicados.
La mayor adjudicación fue formalizada a finales de verano, cuando Pedro Sánchez arrancaba la negociación de los presupuestos recordando la grave crisis económica que dejaba la pandemia. Se negoció durante la primera ola y se firmó a finales de agosto por un valor de 2.100 millones de euros. El objeto: «fabricación de vehículos de combate sobre ruedas 8×8«. En total, 348 tanques. El contrato se lo llevó la sociedad Tess Defence SA, por procedimiento negociado sin concurso, «por considerar que es la única empresa capacitada técnicamente para el desarrollo» de estos tanques. Es una sociedad conformada por cuatro de las principales empresas del sector en España, como Indra Sistemas (que estaba negociando hasta hace nada un ERE con sus trabajadores). El plazo de ejecución es de diez años. La ministra Margarita Robles lo calificó como un «hito histórico» al firmar el contrato.
También sin publicidad se adjudicó otro contrato a Indra Sistemas. Se trata de una licitación para el «desarrollo, producción y suministro del sistema de guerra electrónica para los helicópteros NH90«. El valor total de la adjudicación es de 111 millones de euros. Se adjudicó y formalizó a mediados de noviembre, en plena segunda ola del coronavirus, que no ha sido un impedimento para el gasto militar.
En ningún momento se ha detenido. Sin ir más lejos, una semana después de la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo, se adjudicó un contrato, basado en un acuerdo marco, para «la adquisición de granadas rompedoras para mortero de 120mm». El importe total del contrato fue 790.614 euros, con impuestos, que benefició la empresa Explosivos Alaveses (EXPAL SA). Uno de sus consejeros es Rafael L. Bardají, exasesor de Aznar y gurú de Vox.
Y así con decenas y decenas de contratos que han continuado su curso administrativo como si nada. Una lista superior a los 200 contratos que se pueden encontrar en el Portal de Contratación del Estado.
Programas multimillonarios que no se detienen
El contrato para la fabricación de 348 tanques forma parte de lo que se denominan los «programas especiales de armamento» (PEA). ¿Qué son los PEA? Son programas de adquisición de sistemas de armas que se caracterizan por el enorme volumen de recursos movilizados –prefinanciados con créditos del Ministerio de Industria– y por los largos plazos de ejecución. Su objetivo es la «modernización de las Fuerzas Armadas» para hacer frente a los «riesgos y amenazas relativos a la defensa de la soberanía española», y también para cumplir con los compromisos internacionales contraídos por España en materia de Defensa, como por ejemplo con la OTAN. Son los programas más ambiciosos de las Fuerzas Armadas españolas. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 se han aprobado siete nuevos programas.
Estos programas están debidamente contemplados y recogidos en los presupuestos generales del Estado. Y, de hecho, la inversión en los PEA se incrementa de cara al 2021 en el proyecto de cuentas públicas que han conseguido aprobar el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Si para este año tenían presupuestados 2.164 millones de euros, herencia de los PGE de Cristóbal Montero, el próximo año se dispara hasta los 2.341 millones de euros. Son 177 millones de euros más en programas de armamento, hecho que supone un incremento superior al 8%. La formación de Pablo Iglesias mostró sus reticencias pero no pudo torcer el brazo a Margarita Robles.
De los presupuestos del 2021, ya aprobados por el Congreso y a la espera del Senado, destacan los 488 millones de euros destinados a la producción de cazas Eurofighter, los 321 millones para los aviones A400M, los 280 millones para los helicóptero NH90 o el 218 millones para las fragatas F110, entre otros programas especiales.
El Centro Delàs d’Estudis per la Pau hizo un ejercicio interesante durante la primera ola: compararlo con gasto sanitario. Sólo con el dinero de los programas del Eurofighter y el A400M se podrían mantener 25 hospitales y 27.720 camas de hospital por un año. Con el submarino S-80 y la fragata F-110, 62.222 enfermeros y 15.094 médicos. Con el helicóptero NH90 y los tanques Leopard, montar 990.712 camas de UCI y 100.982 respiradores. Y con los blindados VCR 8×8 y los misiles, 146 millones de tests PCR y 736 millones de mascarillas.
