Estrasburgo condena al Estado español por no investigar malos tratos a un miembro de Ekin

Se trata de la decimoprimera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de malos tratos.

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Ander Goyoaga.— Inigo González Etayo estuvo detenido en régimen de incomunicación en 2011 en la Dirección General de la Guardia Civil y deberá ser indemizado con 20.000 euros.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha vuelto a condenar a España por no investigar los presuntos malos tratos denunciados por un detenido. En este caso, España deberá indemnizar con 20.000 euros al ex miembro de Ekin Iñigo González Etayo, por no haber investigado los supuestos malos tratos que denunció en 2011, después de ser detenido por la Guardia Civil e interrogado dentro del periodo de incomunicación.

Se trata de la decimoprimera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de malos tratos. Como en los casos anteriores, el TEDH no entra a analizar si existieron malos tratos o tortura durante el periodo de incomunicación de cinco días, pero subraya que la denuncia exigía una investigación “exhaustiva y eficaz” que no se produjo.

No juzga los hechos

El Tribunal señala que la verosimilitud de la denuncia exigía una investigación

El Tribunal europeo, no obstante, considera que la denuncia de González Etayo tenía verosimilitud como para haber sido investigada de una manera imparcial y sin demora.

“Si existen motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, corresponde a las autoridades competentes proceder de oficio y sin demora a una investigación imparcial”, señala la sentencia de la Sala Tercera de la Corte europea.

La sentencia

El fallo señala que se ha vulnerado el artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos

Así, el TEDH considera que se ha vulnerado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege a los detenidos ante posibles casos de tortura, tratos inhumanos o degradantes.

El fallo llega a esa conclusión “en vista de la falta de una investigación profunda y efectiva” de las quejas del demandante, aunque reconoce que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez de instrucción reabrir el procedimiento hasta en dos ocasiones.

La sentencia alude a varias instancias judiciales a la hora de censurar la falta de investigación de la denuncia de torturas. Una de ellas es el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, entonces dirigido por Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior. De hecho, las denuncias se practicaron en el contexto de una instrucción dirigida por el propio Marlaska.

Audiencia Nacional

Alude al juzgado de instrucción número 3, entonces dirigido por Grande-Marlaska

El Tribunal de Estrasburgo indica que las autoridades españolas “deben establecer un código de conducta claro para que los encargados de la vigilancia de los detenidos en régimen de incomunicación garanticen su seguridad física”.

González Etayo declaró el 22 de enero de 2011 “haber sido maltratado” durante el periodo de incomunicación. En su denuncia, declaró que fue obligado a hacer flexiones con una bolsa de plástico en la cabeza, con la que no podía respirar, y que “si no contaba lo que ellos querían, eso se repetiría”.

Asimismo, el joven navarro alegó que, en su traslado a Madrid, recibió golpes y “le amenazaron agitando un bolígrafo cerca de sus testículos y le bajaron los pantalones”.

El demandante fue puesto en libertad en junio de 2012. Un informe psicológico confirmó en 2015 que sufría síntomas de estrés postraumático. Tras la condena de la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, firmó su libertad condicional a cambio de suscribir de manera expresa su rechazo a la violencia terrorista.

Precedentes

Estrasburgo ha condenado 11 veces a España por no investigar denuncias de tortura

Se trata de la tercera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de torturas relacionadas con la misma operación policial. González Etayo fue detenido en enero de 2011 junto a otra decena de personas, acusados todos ellos de pertencer a Ekin, el denominado aparato político de ETA. Entre los detenidos se encontraban Patxi Arratibel y Xabier Beorlegi.

En mayo de 2015 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no haber investigado las torturas denunciadas por Arratibel. Un año después sucedería lo mismo con respecto a las torturas denunciadas por Beorlegi.

En total, desde el año 1992 el Tribunal de Estrasburgo ha condenado en once ocasiones a España por no investigar denuncias de torturas. En diez ocasiones las denuncias estaban relacionadas con detenciones practicadas en el contexto de la lucha contra ETA.

Un informe sobre la incidencia de la tortura y los malos tratos entre 1960 y 2014 encargado por el Gobierno Vasco cifra en 4.113 los casos documentados, aunque advertía “de que la incidencia real de estos delitos fue mayor, ya que no se pudieron acreditar muchos episodios de la época de la dictadura”.

La investigación fue dirigida por el forense y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Francisco Etxeberria, en el marco del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 del Gobierno Vasco.

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