El miércoles se produjo una explosión en un edificio de la Calle Toledo de Madrid, propiedad del Arzobispado, en el que se ubicaban oficinas de Cáritas y los aposentos de los sacerdotes de la parroquia anexa (la Virgen de la Paloma), pertenecientes según las informaciones publicadas a la secta de los Kikos. Esta explosión provocó además de la destrucción del referido edificio la muerte de 4 personas e importantísimos daños materiales en la zona. Ello es muy significativo del estado de las infraestructuras, en este caso de la conducción de gas natural, que aún siendo de propiedad privada son un servicio público imprescindible.
Hay otra serie de cuestiones alrededor de este hecho y del tratamiento mediático recibido que son también muy sintomáticas de cómo funciona el Régimen y todos sus tentáculos.
Desde hace meses, venían apareciendo en algunos medios, especialmente en el diario El País información sobre diversas operaciones de carácter estrictamente especulativo en relación con el patrimonio inmobiliario de la Archidiócesis de Madrid, patrimonio obtenido en muy buena medida a partir de donaciones particulares con finalidad asistencial. Estas operaciones especulativas, en caso de materializarse, supondrían dejar en la calle a centenares de inquilinos, así como a docenas de monjas e incluso el cierre de una iglesia parroquial. Para mayor escándalo, esas operaciones eran ruinosas para el patrimonio del propio Arzobispo, y solo beneficiaban a terceros, eso sí, muy bien relacionados. ¿Hasta qué punto llegaría la cuestión que el propio papa de Roma nombró un comisionado para que enderezara la situación?
Lo que acabamos de describir es uno de los decorados de este escenario trágico, el del uso del patrimonio inmobiliario del Arzobispado como un campo para la rapiña y el enriquecimiento rápido de los de siempre.
Otro decorado de este mismo “escenario de muerte” al que asistimos es el del total abandono del mantenimiento por parte de las empresas privadas propietarias de servicios tan imprescindibles para la sociedad como el gas o la electricidad (ahí tenemos el caso de la Cañada Real). Es una total incoherencia que servicios públicos esenciales sean propiedad y/o estén gestionados por empresas privadas cuya finalidad principal es obtener beneficios. Una vía muy sencilla amplificar estos pasa por recortar las inversiones en personal y mantenimiento.
Luchamos contra la privatización del Sistema Sanitario Público, porque hemos comprobado de forma indisimulable las consecuencias para la vida de sus recortes y privatización. Pero ese mismo proceso, aunque no se aprecie hasta ahora de forma tan notoria, ocurre con todos aquellos servicios necesarios para la vida cotidiana. Es muy urgente reflexionar en esta línea y sacar conclusiones.
El pasado miércoles 20 de enero los grandes medios de comunicación/manipulación tenían organizado un programa para anunciarnos urbi et orbi la gran “buena nueva”: Biden era ya presidente de los EEUU. La explosión de la Calle Toledo les rompió la programación. Un “cisne negro mediático”, que dirían ellos. Durante unas horas tuvieron que poner en primer plano el drama de la Calle Toledo. Pero ya el jueves 21 recuperaron plenamente sus planes iniciales, y para encontrar información sobre los hechos de la Calle Toledo, en el caso de El País había que ir hasta el final de su versión digital, y en el de La Vanguardia poco menos. Hoy viernes, a dos días de los hechos, ni en una ni en otra de esas dos grandes cabeceras aparece reseña alguna. Es la máxima del poder mediático en el Estado español: que una noticia inconveniente no rompa ni desplace el relato necesario para seguir idiotizando a la sociedad.
El próximo sábado día 30 se celebrará en Madrid una manifestación bajo el lema “Nos están matando”, lema cuya veracidad ha quedado una vez más de manifiesto. Es necesario que suponga un gran paso adelante en la articulación del movimiento popular en Madrid, así como en la construcción de inteligencia colectiva.
Contra la idiocia criminal que nos quieren imponer, luchar y construir inteligencia colectiva.
Izquierda Castellana, 22 de enero de 2021
Expediente Royuela: Documentos del sicariato del fiscal Mena Alvarez. La estructura criminal del Estado Español al descubierto.