Los pensionistas vuelven a las calles en rechazo al Pacto de Toledo

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De manera descentralizada en plena pandemia, en decenas de plazas y calles del Estado, plataformas y colectivos de defensa de las pensiones públicas han vuelto a expresar unitariamente su rechazo a la privatización de las pensiones públicas y al retraso de la edad jubilación contenidas en el Pacto de Toledo y en la 'reforma Escrivá'.

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Colectivos de pensionistas de todo el Estado se han movilizado este lunes en una jornada estatal “ante la agresión que las recientes recomendaciones del Pacto de Toledo y la política de Escrivá suponen para el sistema público de pensiones” volviendo a reiterar “el rechazo frontal a la sustitución complementaria del sistema público, por medio de los planes privados de empresa, vía convenios, con soporte de dinero público y apoyo gubernamental y a costa de los ingresos de la Seguridad Social” debilitando con ello “seriamente la caja única de las pensiones”.

Con esta jornada estatal de  lucha han querido dejar constancia de que “con el falso argumento de que existe el peligro de desequilibrio financiero de las pensiones públicas, se intenta dinamitar el sistema público de pensiones con la complicidad de determinados agentes sociales con intereses económicos en estos planes privados» en referencia a  sindicatos que  como CCOO y UGT, ya participan en la gestión de fondos privados de empresa y que firmaron la reforma de las pensiones de 2011 en época de Zapatero.

Para los centenares de pensionistas que, de manera atomizada por la pandemia, han vuelto a salir a decenas de plazas y calles céntricas de ciudades y poblaciones del Estado, el ministro de Seguridad Social, con el “desarrollo que de las recomendaciones del Pacto de Toledo» prepara “un futuro de pensiones públicas cada vez más reducidas para la mayoría de la población, complementadas con pensiones privadas, ahora bajo la modalidad de empresa, para quien pueda pagarlas”.

También han denunciado su ausencia en las negociaciones que el Gobierno está llevando a cabo de manera opaca con los «agentes sociales» y han vuelto a reivindicar algunas de sus exigencias más básicas: pensiones públicas dignas, la necesidad de garantizar por ley la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC real y anual o la eliminación de la brecha de género en las pensiones. Han vuelto a exigir, asimismo, la derogación de las reformas laborales y de pensiones de Zapatero y Rajoy y  una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social “para determinar la magnitud del saqueo de las mismas y proceder a su compensación a la Tesorería General de la Seguridad Social”.

La jornada de movilización del lunes 25 supone el punto de partida  de una “campaña conjunta contra las propuestas del Pacto de Toledo” que pretende “hacer llegar a la población actualmente en activo” las consecuencias que estas recomendaciones tendrán en sus futuras pensiones.

Entre las organizaciones impulsoras de la campaña están la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP) o la Coordinadora de Euskadi por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

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