Juan Manuel Olarieta.— A mediados de junio el Ministerio de Sanidad aprobó un protocolo titulado “Manejo en domicilio de pacientes al final de la vida que requieran sedación paliativa en el contexto de la pandemia por Covid-19” (1). En la misma exponía abiertamente que, en muchos casos, la sedación paliativa era la única estrategia eficaz para mitigar el sufrimiento de los pacientes con coronavirus en fase terminal.
El protocolo fue redactado “por profesionales de las diferentes sociedades científicas” (2) y aprobado tras una consulta con la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (Faecap) y otras organizaciones sanitarias, que lo divulgaron (3).
Este tipo de protocolos sanitarios expresan con mucha claridad, mejor que cualquier discurso oficial de cara a la galería, la mayor parte de las contradicciones de la pandemia y de las medidas aprobadas con el pretexto de “contenerla”.
Por ejemplo, la vigencia del protocolo coincide en el tiempo con el debate legislativo sobre la ley de eutanasia, presentada como una gran novedad, como si la eutanasia no se estuviera practicando en los hospitales y asilos en ese mismo momento. Es otro ejercicio de cinismo a gran escala. Parecía que la eutanasia estaba prohibida hasta la aprobación de la ley, pero el protocolo demuestra que no es así.
Un protocolo aprobado por un Ministerio de Sanidad es una decisión política y su naturaleza no cambia por el hecho de que los “expertos” la avalen. No existe separación entre la política y la técnica, salvo a efectos propagandísticos: el gobierno esconde su política sanitaria tras una cortina de “expertos” y, al mismo tiempo, dichos “expertos” comparten la responsabilidad de las políticas aprobadas y las llevan a la práctica, es decir, son los ejecutores materiales de una guía que ha conducido a la muerte a muchos enfermos durante la pandemia o, por lo menos, la ha acelerado.
La política sanitaria determina tanto el hacer como el no hacer del médico. Es ciencia (o no) y a la vez política. El hecho de enviar a un enfermo a casa y dejar que se muera plácidamente inyectándole morfina no es sólo una decisión de un médico, acertada o no. El gobierno la ha convertido en una parte de su política.
Los sanitarios apoyan al gobierno y éste les respalda. Es la política de Poncio Pilatos y de lavarse las manos: no puede haber responsabilidad criminal o profesional de los médicos porque obedecen órdenes, por más que la ejecución de las mismas conduzca a la muerte del enfermo o la acelere.
La política sanitaria del Ministerio de Sanidad y de los “expertos” determina, pues, si está cercano el momento de la muerte de alguien: “Un porcentaje de pacientes con Covid-19 sufre un deterioro importante de su estado de salud que va a llevar a muchos de ellos a la muerte”, decía el Ministerio.
Es un aspecto interesante del documento, porque el abandono de los ancianos en los asilos al no trasladarlos a los hospitales ha sido un clamor a lo largo de la pandemia. Lo que muchos no advierten es que no los trasladaron a los hospitales porque allá tampoco iban a hacer nada por ellos.
El caso de los hospitales no es, pues, diferente al de los asilos: durante la pandemia todos los ancianos han sido abandonados, tanto en un sitio como en otro.
¿Por qué abandonaron a los ancianos? Porque eran enfermos terminales. El Ministerio de Sanidad reconoce que un número elevado de los pacientes de coronavirus “son personas de edad avanzada en situación de fragilidad avanzada y comorbilidad, en los que es posible establecer un mal pronóstico a corto plazo, lo que no les hace susceptibles de beneficiarse clínicamente ni de mejorar su pronóstico de vida a través de la atención en medio hospitalario, siendo, por tanto, candidatos a incluirse en un programa de cuidados paliativos a domicilio que asegure un adecuado control de síntomas”.
La ventaja de los ancianos en los hospitales ha sido que a algunos de ellos los enviaron a casa a morir, a diferencia de los internados en los asilos, a quienes dejaron morir en soledad: “La sociedad, la ciencia, los profesionales sanitarios y, por supuesto, las administraciones y los poderes públicos han de dar respuesta a la necesidades de estos pacientes, incluida la atención en el domicilio, garantizando la dignidad al final de sus vidas”.
De ahí mismo se desprende otro aspecto fundamental del documento ministerial: el reconocimiento de la comorbilidad en los ancianos, es decir, que si en España el 90 por ciento de los fallecidos que se imputan al coronavirus son personas mayores de 70 años, tales muertos no lo fueron sólo por coronavirus. El abandono de los ancianos no fue por el hecho de tener coronavirus sino por el hecho de estar enfermos. Sin embargo, a efectos de contabilidad la causa de la muerte es única: coronavirus. La comorbilidad no cuenta y el abandono tampoco.
De esa manera el Ministerio se encarga de responder a la pregunta -tan habitual- sobre los motivos por los cuales han muerto tantas personas durante la pandemia: no murieron por un único motivo. Ni siquiera se puede decir que murieron, sino que los dejaron morir.
Por lo tanto, tienen razón tanto los negacionistas como la revista médica The Lancet: no ha habido una pandemia sino una “sindemia” (4) que no se puede reducir al habitual discurso simplista de los “expertos” de pacotilla. Es algo que comparte esta pandemia con las anteriores, porque no se puede dar una explicación unilateral de un fenómeno tan complejo, extendido por diferentes países del mundo, con sistemas sanitarios diferentes.
Como consecuencia de la eutanasia protocolaria, durante la pandemia el único “medicamento” que suministraron a los asilos fue morfina y el alcance de la “muerte dulce” llegó a tal punto que a finales de marzo del año pasado ya se habían agotado las provisiones, no sólo en las residencias sino también en los hospitales. “La demanda ha sido brutal en muy poco tiempo”, titulaba El País (5).
La muerte no es sólo “ley de vida”, sino “ley” a secas, o sea, una decisión política. Según interese en cada caso se contempla desde uno u otro lado, pero a muchos les tranquiliza escuchar que alguien ha muerto porque le ha llegado la hora, sobre todo si es anciano y está muy enfermo. A eso se aferra el discurso oficial: en España la esperanza de vida está en los 73 años, por lo que la inmensa mayoría de quienes han muerto durante la pandemia ha sido de forma “natural”, no por política. Es una fatalidad. Nadie tiene “la culpa”. No hay responsabilidades, ni políticas, ni criminales, ni profesionales.
Pero veamos la cara oculta de la Luna: la política sanitaria, de la que forman parte medidas drásticas como el confinamiento, no se puede justificar de esa manera. A ciertos efectos, no pueden decir oficialmente que la inmensa mayoría de los fallecidos han muerto durante la pandemia de muerte “natural”, porque en tal caso no podrían hablar de pandemia. Ni siquiera pueden reconocer que han muerto por varias causas diferentes y previas a la pandemia, porque la política les obliga a poner al virus en el primer plano.
Pero, por encima de todo, no pueden admitir que durante la pandemia han dejado morir a los enfermos, porque el axioma es que todas las medidas políticas y sanitarias implementadas se han puesto en funcionamiento para salvar vidas. Lo contrario sería un escándalo y por eso los defensores de la oficialidad callan y asienten como los perros mejor domesticados.
