El gobierno no impedirá el ingreso en prisión de Pablo Hasél tras el anuncio de la reforma penal

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La Moncloa anuncia una reforma de los delitos de opinión después de que 200 artistas criticaran la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel, pero la letra pequeña del anuncio indica que tras él hay una operación de guerra informativa sin trascendencia para el derecho a la libertad de expresión.

Nota informativa de Moncloa

Según ha informado la Moncloa en un breve comunicado enviado al filo de las nueve de la noche de este lunes, la reforma hará que únicamente se castiguen conductas que supongan «claramente» un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de incidente violento y sólo con penas disuasorias, no privativas de libertad como ocurre en la actualidad.

En concreto, serán objeto de reforma el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el delito de odio, los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones del Estado y los delitos contra los sentimientos religiosos.

El anuncio, que fue realizado tras difundirse un manifiesto de 200 artistas contra la entrada en prisión de Hasél, reitera compromisos del gobierno del PSOE-UP que vienen de tiempo atrás pero que nunca se habían materializado.

Reforma comprometida hace más de un año

Por un lado, el Gobierno ya había comunicado en julio al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pretendía «llevar a cabo una revisión de los delitos de injurias a la Corona», y también de los delitos contra los sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal.

Así consta en las respuestas y observaciones del Ejecutivo en relación con el examen periódico universal (EPU) al que España se sometió el pasado en enero de 2020 en Ginebra, es decir, hace más de un año. El Consejo de Derechos Humanos había aprobado dicha reforma, que incluye los comentarios enviados por el Gobierno respecto a las 275 recomendaciones formuladas por otros países.

Pero por otro lado, la Directiva (UE) 2017/541 Del Parlamento Europeo Y Del Consejo, de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo tipifica en su art. 5, la provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo que comprendería, entre otros, «la apología y la justificación del terrorismo o la difusión de mensajes o imágenes, ya sea en línea o no, entre ellas las relacionadas con las víctimas del terrorismo, con objeto de obtener apoyo para causas terroristas o de intimidar gravemente a la población«.

Esta Directiva, que España no ha hecho la trasposición al derecho español, entra en contradicción con la regulación española del delito de enaltecimiento, que prácticamente la vacía de contenido.

El gobierno rechaza una amnistía

El anuncio del gobierno, realizado convenientemente a pocos días de las elecciones catalanas, no tiene ningún efecto práctico, al menos por ahora, sobre el caso de Pablo Hasél, y es sin duda una operación de intoxicación informativa que ya es habitual en el gobierno de coalición.

Además se trata de una reforma legislativa, que se tramitará como proyecto de Ley, es decir, como otros anuncios similares que ha habido anteriormente: derogación de la ley de seguridad ciudadana, derogación de la reforma laboral o la reforma de la ley de secretos oficiales, que nunca terminan de materializarse y cuyo contenido final siempre se desconoce.

El gobierno, si fuera a aprobar una amnistía, hubiera tramitado esta cuestión como un Real Decreto Legislativo, que podría haberlo aprobado en el Consejo de Ministros del viernes, pero decide un trámite agravado y complejo.

No es casualidad que se haya hecho este anuncio tras el manifiesto de los artistas, que tiene entre sus firmantes a tradicionales soportes de los socialistas y de UP.

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