Hasta el Consejo de Europa pide al gobierno español despenalizar la libertad de expresión

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El Consejo de Europa ha enmendado la plana al Gobierno Español, el más 'progresista de la historia' planteándole que modifique el Código Penal en relación a supuestos delitos como el de injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo, insultos a los sentimientos religiosos y difamación.

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El Consejo de Europa, organismo con sede en Estrasburgo y cuya función seía velar por el Estado de derecho y las libertades fundamentales, ha enmendado la plana al Gobierno Español, el más ‘progresista de la historia’ pero que hasta ahora ni siquiera ha derogado la Ley Mordaza como había prometido.

Así lo ha pedido la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa que por escrito  se ha dirigido al gobierno español para que modifique el Código Penal en relación al delito de injurias a la Corona y al enaltecimiento del terrorismo y que despenalice asimismo otros delitos que atentan contra la libertad de expresión, como el de insultos a los sentimientos religiosos y el de difamación.

En su carta,  La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, hace constar su inquietud sobre las limitaciones a la libertad de expresión en el Estado Español, «un derecho de crucial importancia para un debate público libre y plural», y  menciona explícitamente en su carta las recientes condenas a cantantes y activistas como Pablo Hasel, señalando que las restricciones a la libertad de expresión «son muy limitadas y deben ser proporcionadas».

El ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, ha respondido a la carta justificando que el gobierno está en proceso de revisar la legislación sobre los puntos que señala la comisaria, indicándole que «comparte las preocupaciones expresadas en su carta» y está dispuesto a actuar.

Asimismo otra instancia del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, pide al Estado Español que se replantee la ‘Ley Mordaza‘ (ley de Seguridad Ciudadana) por su «efecto amenazador» sobre la libertad de reunión y manifestación al establecer multas por la vía administrativa que pueden alcanzar los 600.000 euros.

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