Lo mismo que las guerras, las pandemias no existen ni dejan de existir: se declaran y existen desde ese momento, como guerras y como estados de guerra, por más que recurran a eufemismos como “crisis”. No es de extrañar, pues, que el gobierno del PSOE y Podemos prepara una reforma de la Ley de Seguridad Nacional para incluir las pandemias dentro de la ley marcial. Una pandemia es una “crisis de seguridad”, en una terminología importada de Estados Unidos literalmente.
La nueva ley habla de “estado de crisis” o “situación de interés para la Seguridad Nacional” porque su declaración interesa al ejército bajo la dirección del Consejo de Seguridad Nacional. Esas “crisis” legalizan los golps de Estado sanitarios para permitir todo tipo de actuaciones represivas, como la realización de las “prestaciones personales” que les exijan las autoridades competentes, el cumplimiento de las órdenes que les impartan, la requisa de todo tipo de bienes y a la suspensión “de todo tipo de actividades”.
El año pasado durante la Operación Balmis, el ejército español desplegó 187.000 tropas, participó en las ruedas de prensa, en controles de carreteras, en las operaciones de rastreo, en los asilos de ancianos, en fumigaciones por las calles y en más de 20.000 acciones.
En un mundo fascistizado, cualquier siatuación es una “crisis”, no sólo las pandemias, sino también las medioambientales, económicas o informáticas. Las obligaciones atañen no solo a todos los ciudadanos sino también a las empresas y entidades jurídicas porque el artículo 30 de la Constitución ordena a los españoles que defiendan a España, algo que si bien hasta hace poco se entendía referido a un enemigo exterior, ahora incluye sobre todo al interior.
El artículo 30 de la Constitución permite que mediante una ley se regulen los deberes de los ciudadanos en los casos de “grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”, es decir, un cheque en blanco que ahora el gobierno del PSOE y Podemos quiere imponer.
Una de las obligaciones va dirigida a los medios de comunicación, que deben dejar e cumplir con su función para pasar a colaborar en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo. El sistema de seguridad nacional y, por lo tato, las pandemias y demás crisis, quedan fuera del derecho de acceso a la información pública, es decir, pasan a formar parte de los secretos oficiales.
Durante la pandemia, el gobierno no recurrió a la declaración de “situación de interés para la Seguridad Nacional”, sino al estado de alarma. A partir de ahora ya no lo necesitarán porque bastará con que el Presidente del Gobierno firme un decreto.
El anteproyecto fue visto en primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado 22 de junio y está pendiente de aprobación definitiva para su remisión al Congreso.
