Denuncian aumento de desplazamientos forzados en Colombia

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En particular en Antioquia, las amenazas de muerte han disparado el número de campesinos obligados a desplazarse.

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En los últimos días, más de 100 campesinos se han visto desplazados de sus asentamientos rurales y han ocupado el centro de cascos urbanos como el de Ituango. | Foto: Twitter: @AscaNat

La espiral de violencia en la cual está sumergida Colombia, incluso tras la firma hace cinco años del Acuerdo de Paz entre el Estado y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), provoca un aumento en el número de desplazamientos forzados en la zona rural del país, según una denuncia hecha pública esta semana por el Movimiento Ríos Vivos.

De acuerdo con la vocera de este Movimiento, Isabel Zuleta, debido a amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares irregulares, alrededor de 100 campesinos se han visto desplazados de sus veredas hacia el casco urbano del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia.

Zuleta dijo también que varios líderes y tenderos recibieron una carta amenazante, lo que provocó el desplazamiento que arrancó desde este miércoles y que ha venido en aumento con la llegada de más familias.

Los campesinos se establecieron en la escuela Juan XXIII, ubicada en el barrio El Carmelo de ese municipio, el cual tiene alta presencia de exguerrilleros disidentes y paramilitares, explicó la portavoz de Ríos Vivos.

Al detallar el panorama, Zulueta explicó que “las familias están muy tristes por esta situación (…). Cada año, cada de seis meses han venido perdiendo muchas cosas y solo vemos que la Alcaldía lo que ha hecho es ocultar la situación y no enfrentar realmente lo que está pasando”.

También denunció que es un problema que se repite. “Vemos que son las mismas dinámicas que se dieron en enero pasado, que son las disidencias haciendo desplazar a la población y los grupos paramilitares intentando que la población no se desplace”.

Para Zuleta, la solución a esta situación en Ituango no es solo la asistencia humanitaria, sino que el Estado colombiano, con arreglo a los compromisos asumidos a partir del Acuerdo de Paz, asuma su responsabilidad y responda por las pérdidas que tienen los campesinos en sus proyectos productivos cada vez que desplazan por amenazas.

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